http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2009/11/13/hoy/nacionales/1992948.asp

Disputa por tierras en Bocas del toro, indios se enfrentan con empresario

Nasos, en pie de guerra

Pobladores en alerta por lanzamiento para este 15 de noviembre, mientras que autoridades prometen reubicación.

MEDIDA. Moradores de San San Druy se arman con hacha y machete y están preparados para enfrentarse a la policía cuando se dé la orden de lanzamiento. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Pedro Rodríguez i1292442

Pedro Rodríguez Sanjur
Changuinola, Bocas del Toro
nacionales@prensa.com

Indígenas del Teribe, de las comunidades de San San y San San Druy, territorio originario naso, se arman en pie de guerra ante el inminente lanzamiento de las tierras que ocupan y que están en litigio con la empresa Ganadera Bocas, S.A.

Las comunidades de San San Druy y San San se encuentran bajo la presión de una orden de lanzamiento y desalojo promovida por la empresa ante la Corregiduría de Teribe y la Alcaldía de Changuinola.

El lanzamiento está programado para ejecutarse este 15 de noviembre, aseguró Eliseo Vargas, vocero de los moradores de la comunidad de San San Druy.

Según los dirigentes de las comunidades, el pasado martes 27 de octubre el ministro de Gobierno y Justicia José Raúl Mulino realizó una gira al área en conflicto entre el pueblo naso y Ganadera Bocas, que alega que el asentamiento originario de estas comunidades está dentro de “su título de propiedad”. Posterior a esta gira- según los dirigentes- el ministro se reunió con el gobernador de la provincia, Simón Becker, el alcalde del distrito de Changuinola, Lorenzo Luis Becker, el subcomisionado de la Policía de Bocas del Toro, el administrador y el representante legal de la compañía.

Vargas calificó a Mulino como el nuevo “Hitler panameño” y de tener una actitud “fascista” que desconoce cuáles son los verdaderos deberes y responsabilidades de un funcionario de ese nivel del gobierno central y, por otro lado, pretende llevar a cabo sus macabros planes por encima de los derechos humanos y territoriales de los pueblos originarios, como lo es el pueblo naso.

En la mencionada reunión, aseguró Vargas, y después de escuchar un discurso de Tito Santana, quien alega ser el rey del pueblo naso, Mulino manifestó que la orden de lanzamiento no puede esperar más y que se debe realizar lo antes posible porque las comunidades naso están dentro de “propiedad privada”.

Respeto de acuerdos

Los moradores se han estado reuniendo para rechazar esta medida que los indios califican de “arbitraria” y que ha sido anunciada por Mulino en conjunto con el gobernador. Los moradores sostienen que la medida de desalojo viola el acuerdo al que se había llegado en la ciudad de Panamá, en primera instancia, con el ministro Mulino y que consistía en que él sobrevolaría el área y luego se reuniría con las partes en conflicto, situación que no se cumplió.

Por su parte, el director de Política Indígena del Ministerio de Gobierno y Justicia, José Isaac Acosta, calificó como desafortunado el comunicado emitido por el vocero del pueblo naso, Eliseo Vargas, quien calificó la orden de desalojo de esta tierra como un “plan macabro por encima de los derechos humanos y territoriales” de este pueblo originario.

Vargas, según Acosta, hace calificativos inapropiados del ministro de Gobierno, José Raúl Mulino, porque él ha sido muy respetuoso y ha conversado detenidamente con las familias que están en el área de San San y San San Druy, con las autoridades de la provincia, con el señor Tito Santana y con la empresa Ganadera Bocas.

“Una cosa es el derecho histórico del pueblo naso y otra cosa es la incursión en una propiedad privada de la empresa Ganadera Bocas.

Para el director de Política Indígena es inapropiado e imprudente haber calificado al ministro Mulino como el “Hitler panameño”.

http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2009/11/04/hoy/panorama/1967907.asp

DERECHOS. COMISIÓN INTERAMERICANA ATIENDE RONDA DE AUDIENCIAS.

Una cita indígena en EU

¿Acción concertada o coincidencia? Lo cierto es que los reclamos indígenas del continente han coincidido en el período de sesiones de la CIDH en Washington.

ANCESTROS. Los indígenas andinos también recordaron a sus antepasados el 2 de noviembre. Hoy defienden la tierra y los recursos que les legaron sus mayores. REUTERS/Pilar Olivares1288349

ARISTIDES CAJAR PÁEZ
acajar@prensa.com

La frase lo sintetiza todo: “es como si fuera que no existimos”, dice un habitante indígena de la provincia de Salta, Argentina. Allí, los pueblos autóctonos llevan décadas tratando de que se les delimite y se les regularice el derecho a sus tierras ancestrales.

Pero pese a las promesas de los gobiernos, sus territorios siguen siendo ocupados por colonos no indígenas que los cercan con alambradas e impiden el paso a pobladores originales de la tierra.

El video que presenta los testimonios de los indígenas salteños fue parte de la audiencia que tuvo lugar el pasado 2 de noviembre en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington y que llevó hasta allá a la asociación de comunidades indígenas Lhaka Honhat de Salta.

Fue la primera de una serie de audiencias en donde pueblos indígenas de toda la América presentaron sus reclamos para ver si la justicia internacional hace lo que en sus respectivos países no se ha logrado hacer.

La CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos, analizará hasta el viernes 6 de noviembre 54 casos, a solicitud de gobiernos y asociaciones de derechos humanos de 18 países de la región. Las sesiones arrancaron el pasado lunes con dos audiencias concretas sobre temas indígenas: una sobre Argentina y otra sobre Panamá.

La panameña es la relativa al reclamo que hacen los pueblos ngäbe buglés sobre la decisión de la CIDH de ordenar detener la construcción de la hidroeléctrica Chan 75, que hasta ahora no se ha cumplido.

La mayoría de los reclamos aborígenes tiene que ver con problemas de tenencia de la tierra y con grandes proyectos de desarrollo que los países quieren realizar en su territorio, amenazando su forma de vida y su cultura.

PROYECTOS Y REPRESAS

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, que agrupa a pueblos originarios de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Argentina, planteó también el lunes ante la CIDH la reestructuración estratégica de la Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana (Iirsa).

La Iirsa nació en agosto de 2000 por acuerdo de la reunión de presidentes de los países sudamericanos. Su objetivo central es conectar la infraestructura sudamericana para facilitar la extracción de los bienes naturales.

Se trata de 510 megaproyectos, con financiamiento de 70 mil millones de dólares para 12 países sudamericanos. Estos, señalan los demandantes, generan impactos negativos a nivel social, ambiental y cultural en las comunidades aborígenes de esos lugares, a las cuales no se les consultó previamente. Las asociaciones indígenas demandantes quieren que el paquete de proyectos de esta iniciativa de la Unión de Naciones Suramericanas esté sujeto a vigilancia indígena local, nacional y regional.

Otro caso similar es el que presenta la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, junto a otras organizaciones sociales y ambientales, sobre el impacto de las grandes represas en América. La audiencia se da atendiendo a la petición de más de 40 organizaciones ambientales nacionales e internacionales y de las comunidades afectadas, que se han manifestado en contra de estos proyectos alegando impactos desfavorables para las zonas aledañas.

AMAZONIA

Indígenas de Perú y Ecuador, y asociaciones y grupos que los respaldan, también participan de la ronda de audiencias esta semana en la CIDH.

Las comunidades amazónicas peruanas confían en que la Comisión les dé la razón y exija al Estado realizar consultas para determinar el futuro de los recursos naturales que hay en los territorios que habitan, informa un despacho de la agencia Notimex.

El Instituto de Defensa Legal, que asumió la representación de los indígenas, señala que se evaluará el cumplimiento del Gobierno peruano de los compromisos internacionales sobre el derecho a la consulta.

El 5 de junio pasado los nativos amazónicos se enfrentaron –en el marco de una serie de reclamos al gobierno– a las fuerzas del orden en la región de Bagua, lo que causó que nueve nativos y 24 policías murieran, así como medio centenar de heridos de ambos bandos.

También se verá el caso de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), grupo que ha mantenido un pulseo de fuerzas con el gobierno de Rafael Correa.

Después protestas indígenas que hace dos meses se saldaron con un manifestante fallecido y unos 40 policías heridos, el Gobierno y la Conaie comenzaron un proceso de diálogo. Los delegados de ambas partes trabajan sobre un proyecto de ley de recursos hídricos, y otro sobre minería, preocupaciones prioritarias de los indígenas.

CONTROVERSIA Y CHOQUE CULTURAL

La participación de niños en las protestas y el castigo a ortigazos de un funcionario, son algunos de los últimos acontecimientos que avivan la polémica sobre los límites culturales frente a los pueblos indígenas. El Gobierno chileno, líderes indígenas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) polemizaron el lunes por la presencia de niños en enfrentamientos entre la policía y los mapuches.

Las acusaciones cruzadas estuvieron marcadas también por las denuncias de violencia represiva innecesaria contra los niños, alegatos emanados desde la Unicef y las comunidades aborígenes, señalaron agencias internacionales. Entre tanto, un incidente con un funcionario de Educación tensó el difícil diálogo entre el Gobierno ecuatoriano y los indígenas de ese país. El funcionario denunció agresión, pero los indígenas dijeron que solo lo estaban “purificando”, luego que él le faltara el respeto a la comunidad.

http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2009/11/03/hoy/panorama/1982104.asp

Evalúan caso de la hidroeléctrica chan-75

CIDH celebra audiencia

Representantes indígenas dijeron que bajo el gobierno de Martinelli hay nuevas posibilidades de una solución amistosa.

BETTY BRANnAN JAEN
cORRESPONSAL EN WASHINGTON, DC
LaPrensadc@aol.com

Respondiendo a una petición hecha por el gobierno de Martín Torrijos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró ayer una audiencia sobre la orden de suspender el avance del proyecto hidroeléctrico Chan-75.

En la audiencia, representantes indígenas de las comunidades afectadas por la obra denunciaron que el Estado panameño ha incumplido la orden de suspensión, mientras que un funcionario de la Cancillería panameña dijo que Panamá no ha obedecido la orden porque la medida cautelar no cumple con el reglamento de la CIDH. El organismo rechazó este argumento en forma tajante. “La medida cautelar está vigente y la CIDH espera que el Estado panameño la cumpla de buena fe”, sentenció el comisionado Víctor Abramovich, quien presidia la audiencia.

Según el viceministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega Fábrega, representante del Gobierno panameño, el problema fundamental es que el gobierno anterior puso en manos de la empresa la responsabilidad de negociar con las comunidades afectadas, lo cual dio lugar a “toda clase de cosas”.

Según los representantes indígenas, los ngöbes –cuyas tierras serán inundadas– viven bajo agresiones y amenazas de muerte, y no todos han sido incluidos en el proceso de diálogo.

“Ellos [el gobierno] no han respetado los derechos del pueblo indígena, porque el interés del gobierno es construir la represa”, acusó Bernardino Morales, representante de la comunidad de Guayabal.

A pesar de estos argumentos, los representantes indígenas reconocieron que bajo el gobierno de Martinelli hay nuevas posibilidades de una solución amistosa, aunque solicitan que se cumpla con la orden de suspender la obra y que se revisen todos los “acuerdos” ya obtenidos.

http://burica.wordpress.com/2009/10/13/gobierno-y-aes-panama-en-charco-la-pava-en-malas-practicas/

Gobierno y AES Panamá en Charco La Pava en malas prácticas

Malas prácticas: Gobierno y AES Panamá en Charco La Pava

13 Oct 2009 8:05 AM | Lean este interesantísimo análisis de Bartolomé Clavero (miembro del Foro Permanente de la ONU para Cuestiones Indígenas) sobre el supuesto acuerdo entre sociedad civil y AES Panamá en el caso de Charco La Pava.

Malas Prácticas:
Gobierno Panameño y AES Panamá en el Caso Charco La Pava

Bartolomé Clavero
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

A finales de enero de este año 2009, el actual Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, rindió una visita a Charco La Pava y otras comunidades indígenas del pueblo Ngöbe en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, Panamá, para evaluar la situación de grave conflicto frente a la construcción de una represa que inundará sus tierras. El Relator sugería en su informe que las obras se suspendieran a fin de crear las condiciones para la consulta con garantías a las comunidades. Otras instancias internacionales han intervenido en el mismo sentido. Entre la empresa constructora -la multinacional AES- y el Gobierno de Panamá han burlado la actuación internacional.

En su respuesta al informe del Relator Especial, el Gobierno panameño pretendía que la consulta ya se había realizado, mediante las formas constitucionales de participación, y que plantearla con las comunidades indígenas afectadas “resultaría discriminatorio frente al resto de la ciudadanía, carente de equidad (y) violatorio del ordenamiento jurídico vigente”. Con todo esto, comunicaba el Gobierno, “acceder la solicitud de suspensión resulta improcedente”. Panamá no ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes que obliga a tal consulta específica, pero es parte del sistema interamericano de derechos humanos cuya jurisprudencia ha sentado que la obligación existe en todo caso, pues se deriva del derecho indígena a la tierra, y es también mimebro de Naciones Unidas cuya Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas requiere el consentimiento libre, previo e informado de parte indígena. Las comunidades afectadas por las obras de AES no habían sido ni siquiera consultadas.

El Gobierno también pretendía, en su misma respuesta al Relator Especial, que las comunidades estaban siendo consultadas por la empresa y que en la mayoría de ellas se había llegado a “acuerdos voluntarios y bilaterales”, con esta redundante adjetivación, para el reasentamiento, con ese sustantivo que disimulase la expropiación y expulsión sin garantías algunas de procedimiento. El dato incluso se cuantificaba: “aquellas personas que han manifestado algún descontento constituyen mucho menos del 30%”; “más del setenta por ciento (74%) de la población total de las áreas impactadas han acordado reasentarse de manera libre, previa e informada”. El Gobierno endosa a la empresa la obligación “de elaborar un plan completo y participativo de reasentamiento”. Sobre este abandono de responsabilidades y con el argumento de que el Estado no tiene el deber de consultar por no haber ratificado el Convenio 169, el Gobierno se proclama representante del “interés público y social” y del “desarrollo nacional” dejando a las comunidades afectadas a merced de la multinacional AES.

A instancias de las comunidades, el caso también ha venido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tras dicho diálogo frustrado entre el Relator Especial y el Gobierno panameño, a mediados del mes de junio, la Comisión otorga medidas cautelares, “hasta tanto los órganos del sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva”. Así, “con el fin de evitar daños irreparables al derecho de propiedad y la seguridad del pueblo indígena Ngöbe asentado en la provincia de Bocas del Toro”, se dispone la suspensión de las obras. He aquí entonces un mandato internacional, ya no sólo una recomendación. De nada vale. El Gobierno de Panamá se reafirma en su posición rechazando las medidas ordenadas por la Comisión Interamericana. El asunto pende por tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Mientras tanto, AES no anda ociosa. No solo acelera las obras acentuando la presión sobre las comunidades, sino que, para vaciar el caso ante la jurisdicción interamericana, busca alguna forma de arreglo sin suspensión de la construcción ni pausa en el acoso. Nadie se ha creído, ni siquiera el Gobierno, que contase con un 74 % ni con tanto por ciento significativo ninguno de apoyo entre indígenas. Ahora, el día 12 de octubre exactamente, AES Panamá anuncia a bombo y platillo que se ha llegado a un arreglo. Presenta un documento fechado el 8 de octubre donde se da fe de unos acuerdos de procedimiento entre “el Estado de Panamá, la empresa AES Changuinola, S.A. y Comunidades de Charco La Pava, Valle del Rey y Changuinola Arriba por medio de sus representantes y dirigentes”. El documento narra negociaciones habidas a varias bandas desde finales de julio con el resultado que se recoge en una última cláusula.

“Las Comunidades, el Estado y la empresa -se nos comunica- han acordado suscribir convenios de compromiso en la (sic) que el Estado, como garante de los derechos humanos de los pueblos indígenas, velará por el cumplimiento y la implementación de los acuerdos definitivos a los que llegue con la empresa y la comunidad en materia de uso de tierras, asistencia y reubicación. Las partes por ese medio ponen a un lado sus diferencias, garantizando la construcción del proyecto de infraestructura que es vital para el desarrollo del país”.

Hay cosas desde luego sorprendentes en este documento, no sólo la de que la única garantía que expresamente se consigna es a favor de la empresa pues se asegura la construcción del proyecto. Las expectativas indígenas quedan ahora indefinidas en una tierra de nadie entre Estado parcial y empresa ventajista. Es ésta la que distribuye el documento. Sorprendente resulta que, pese a lo que se anuncia en el protocolo, nadie lo suscriba por parte del Estado. Y aunque se haya también anunciado que intervienen las comunidades mediante sus representantes y dirigentes, ninguna firma indígena, frente a lo que es costumbre bien arraigada, lleva aclarafirma especificando la condición con la que se actúa. No hay constancia de representación ninguna de parte indígena. La única reconocible es la de una rúbrica “por AES Changuinola”.

La sección de Comunicación y Asuntos Corporativos de AES Panamá no sólo procede, el 12 de octubre para mayor escarnio, a la distribución del documento, sino también a la propagación de informaciones sobre participación oficial que no se confirma por sus firmas, así como a la ilustración con una galería de fotos del acto de la suscripción en la comunidad Charco La Pava. En ellas, la única cara feliz es la del representante de la empresa. Los rostros indígenas reflejan recelo y tristeza. En las fotos la única representación reconocible es también tan sólo, por el logo de la gorra, la empresarial.

http://burica.wordpress.com/2009/10/03/nasos-son-aprehendidos-por-defender-sus-derechos-territoriales/

Nasos son aprehendidos por defender sus derechos territoriales

Indígenas Naso son aprehendidos por defender sus derechos territoriales

Burica Press, Pueblos Indígenas

La Policía Nacional de Panamá ha desalojado una vez más a los Nasos de la Plaza de la Independencia. A las 2 de la mañana del sábado 3 de octubre, ocho indígenas Naso y dos indígenas Ngäbe fueron detenidos y acusados de desacato. La detención y el desalojo se producen después de una tarde de tensión. La autoridad ha esperado a que los medios de comunicación se retiraran de la Plaza Catedral para efectuar el desalojo mientras los resistentes trataban de descansar encadenados a los bancos. En el operativo han participado unas 40 unidades de la Policía Nacional.

Los ciudadanos detenidos en el Parque de la Catedral son los siguientes: Edgardo Salina, Johny Lorenzo, Elvin Quintero, Lucho Antonio Gamarra, Remigio Sánchez, Eliseo Vargas, Alvaro Villagra, Damian Jiménez, Sergio Pineda Montezuma, Francisco Valdez.

La Policía detuvo, incluso a varios resistentes que no estaban en el Gacebo de la Plaza, ni estaban encadenados, contradiciendo sus propias palabras en la tarde y noche anteriuor cuando aseguraron que todos podían moverse con libertad por la Plaza.

Los agentes rasgaron las pancartas y elementos de protesta y detuvieron a los Naso, incluidos los dirigentes Eliseo Vargas y Lucho Gamarra, y a dos indígenas Ngäbe que se habían incorporado en solidaridad desde la caminata de la Movilización Nacional Indígena, Campesina y Popular. La Policía se negó a informar de la estación a donde dirigían a los detenidos.

Grupos de la sociedad civil que apoyan la causa Naso han realizado un llamado a todos los ciudadanos solidarios a unirse este sábado a la toma del Gacebo de la Plaza Catedral en el que tratarán de sustituir a los Naso detenidos y reprimidos por el Gobierno de Panamá.

Los Nasos reclaman al Estado Panameño, desde hace más de 30 años la creación de la Comarca Naso Tjer Di o Comarca Naso Teribe. Sus tierras están siendo tituladas a nombres de empresas privadas y concesionadas para proyectos hidroeléctricos. En este momento la empresa colombiana, Empresas Públicas de Medellín se adentra en el interior del territorio Naso para construir el proyecto hidroeléctrico Bonyik.

Cronología del Campamento

Lunes 30/ marzo /2009: Las comunidades Naso de San San y San San Druy, en la Provincia de Bocas del Toro, fueron objeto de una arbitraria orden de lanzamiento emitida por el gobierno de Martín Torrijos, a favor de la empresa Ganadera Bocas, S.A., en donde despojaron a los Naso de sus tierras que por centenares de años han ocupado.

Martes 14/ abril /2009: Un grupo de 32 Nasos se trasladaron hasta la Plaza Catedral, como medida de protesta pacífica para que el Gobierno de Martín Torrijos les diera una pronta respuesta y que se comprometiera a reconocer los derechos territoriales de los Naso y que se diera cese efectivo de las hostilidades contra los Naso. El gobierno ignoró sus peticiones.

Dos campamentos de resistencia se han mantenido luego del desmantelamiento del primer campamento hasta el nuevo desenlace con la cronología abajo descrita.

Lunes 21/ septiembre/ 09. Los nasos recibieron un mensaje del Ministro de Gobierno y Justicia José Raúl Mulino de recibirlos e iniciar una mesa de diálogo con los representantes del pueblo Naso que acampában en la Plaza Catedral. Los emisarios de este mensaje fueron José Isaac Acosta, Director Nacional de Política Indígena (DNPI) del Ministerio de Gobierno y Justicia y Gustavo Pérez, Director de la Policía Nacional.

Martes 22/ septiembre/ 09. Lucho Gamarra uno de los dirigentes del campamento Naso recibió una serie de llamadas de la Señora María Pazz, asistente de José I. Acosta de la DNPI, en donde ella le manifestó que por mandato del Ministro de Gobierno y Justicia, el campamento Naso debía ser desmantelado y desalojado o de lo contrario no habría reunión alguna con los representantes del gobierno.

Miércoles 23/ septiembre/ 09. Aproximadamente a las 10:30 am, llegó a plaza un contingente de 12 unidades de la policía y el Comisionado J. Funuco para notificar a los indígenas de una orden de lanzamiento en contra del campamento Naso emitida por la Corregiduría de San Felipe. Este Comisionado nos manifestó que debemos salir por las buenas, ya ellos no querían utilizar la fuerza. Algunos funcionarios de la Dirección de Política Indígena, entre ellos la funcionaria María Pazz acompañaron a los policías en esta misión.

A las 7:00 pm el Comisionado J. Fanuco regresó para preguntar si los Naso ya habían decidido adonde se mudarían luego de desmontado el campamento. Los Naso indicaron que no y que tampoco habían tenido ningún contacto con oficiales del gobierno.

Jueves 24/septiembre/ 09. A las 9:00 am se apersonó a la Plaza Catedral la Corregidora del Corregimiento de San Felipe, Francisca de Guevara en compañía de más de 25 policías fuertemente armados, entre ellos antimotines quienes por la fuerza, procedieron a hacer efectivo la orden de desalojo en contra del campamento Naso. Ellos mismos tomaron todas nuestras pertenencias y lo subieron a un camión el cual fue conducido a la Cruz Roja de Santa Rita. Los Naso fueron socorridos por el Padre Félix de Lama de la Pastoral Indígena de la Iglesia Católica.

Viernes 25, 26 y 27/septiembre/ 09. Los Naso denuncian al Gobierno Nacional ante los medios de comunicación radial, escrito y televisivo donde lo acusan de atropellos y claros actos violatorios a los derechos humanos y territoriales. Además hicieron una llamado urgente a la sociedad panameña para que solidaran con la causa del pueblo Naso de obtener su Comarca y de devolver las tierras bajo control de una empresa de ganadería de Bocas del Toro. Indicaron que el gobierno pretendía acallar su voz de protesta.

Lunes 28/septiembre/ 09. Los nasos volvieron a protestar frente a la Presidencia de la República de Panamá con pancartas y mostrando que siguen firmes en sus planteamientos y que continuarán la lucha de reivindicación de sus derechos territoriales.

Sábado 2/ Octubre / 09. La Policía Nacional por orden del Gobierno Nacional ha desmantelado y destruido una vez el Campamento Naso de la Plaza de la Independencia. Varios ciudadanos Naso y dos Ngobe fueron detenidos por la fuerzas policiales. Esta acción se realizó a las 2:00 am.

http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2009/09/28/hoy/nacionales/1939001.asp#

cauCes de los ríos en chiriquí son afectados por las hidroeléctricas

Ambientalistas cuestionan falta de acción del Gobierno

El proyecto hidroeléctrico Los Planetas 1, de la empresa Saltos del Francolí, inició su construcción en el río David.

MEDIDAS. Desde el pasado mes de julio, los activistas ambientales solicitaron al Gobierno que suspendiera todos los proyectos hidroeléctricos para que sean evaluados. LA PRENSA/Sandra Alicia Rivera1270957

Sandra Alicia Rivera
dolega, chiriquí
nacionales@prensa.com

Los ambientalistas denunciaron que el río David está siendo destruido por la construcción de una hidroeléctrica en este afluente y hacen un llamado de atención al presidente de la República, Ricardo Martinelli y a todas las autoridades competentes en este tema.

Raquel Coba de Boyd, miembro de la agrupación Colibrí, Asociación Ecologista de Panamá, afirmó que el río David está siendo “destruido por la empresa Saltos del Francolí, que se ha valido de muchas artimañas para implantar el proyecto hidroeléctrico Los Planetas 1”.

Indicó que desde que se inició, el proyecto está destruyendo el río y avanzando, por lo que las autoridades deben actuar y vigilar que no se dañe este gran recurso que dota de agua potable a muchas comunidades.

Enfatizó que desde el mes pasado solicitaron al Gobierno que suspendiera todos los proyectos hidroeléctricos para que sean evaluados, pero sin respuesta. “¿Qué pasa con la autoridad que aún no ha suspendido los trabajos?, se preguntó.

“¿Habrá que esperar a que destruyan el río? ¿Es que acaso la razón no tiene razón?”, se cuestionan los ambientalistas.

Aseguró que a lo largo de la orilla del río David, sembraron muchos árboles y ya fueron talados por la empresa, lo cual consideran un delito y un atropello para la naturaleza.

Los integrantes de Colibrí, Asociación Ecologista de Panamá, continuarán protestando por los proyectos hidroeléctricos hasta recibir una respuesta concreta del presidente, Ricardo Martinelli, que ordene la suspensión definitiva del proyecto privado, que invade los acueductos rurales de las comunidades de Los Anastacios y Rincón Largo, proyectos de beneficio común.

Para la provincia de Chiriquí, existen más de 60 proyectos hidroeléctricos y muchos ya iniciaron su construcción.

Los ambientalistas quieren que todos sean inspeccionados, para conocer quiénes cumplen o no con la protección del medio ambiente.

Coba de Boyd dijo que al presentar sus exigencias no quieren que los engañen con palabras, porque están cansados de oír promesas y que no hagan nada, como el gobierno pasado, que dejó el ambiente con mucha depredación y abuso.

“Este gobierno prometió a la población un cambio y queremos que se cumpla, que se suspendan inmediatamente todas las construcciones de hidroeléctricas, así como las represas”, insistió. Para los ambientalistas es necesario que se revisen los estudios de impacto ambiental, así como todas las concesiones que se dieron y que según ellos han estado plagadas de ilegalidad.

Una fuente de la Autoridad Nacional del Ambiente dijo que se va a realizar una inspección en el área, en conjunto con los ambientalistas. Se trató de contactar a los responsables del proyecto Saltos del Francolí, pero fue infructuoso.

http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2009/09/10/hoy/panorama/1917792.asp

POSIBLE violación de derechos humanos

CIDH investiga a Panamá

La reubicación de comunidades indígenas por la construcción de una hidroeléctrica en Bocas del Toro tiene al país sentado en el banquillo de los acusados.

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una demanda en contra del Estado panameño por presuntas violaciones de derechos humanos a indígenas ngäbe, afectados por la construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 75, en Changuinola, Bocas del Toro.

La CIDH, en su 135 período ordinario de sesiones el pasado 5 de agosto, admitió la demanda al considerar que el Estado panameño presuntamente violó 12 artículos de la Convención Americana de los Derechos Humanos, durante el proceso de desalojo de los indígenas para la construcción del proyecto hidroeléctrico. Asimismo, por haber otorgado una concesión a la empresa AES Changuinola, que construye el proyecto, sin el “libre consentimiento” de las comunidades indígenas.

La decisión de la CIDH se da en repuesta a una demanda en contra del Estado panameño presentada en conjunto por los organismos no gubernamentales Cultural Survival, de Estados Unidos; y Alianza para la Conservación y el Desarrollo, de Panamá; en representación de las comunidades indígenas.

La demanda se basa en que los indígenas fueron desalojados de sus comunidades de manera “forzosa” y no se les permitió el “libre consentimiento” para decidir sobre la construcción del proyecto hidroeléctrico.

El pasado mes de junio, la CIDH ordenó a las autoridades panameñas suspender el proyecto como medida cautelar. Una mes antes, la Organización de las Naciones Unidas emitió un informe, en el que establece que el Estado panameño incumplió normas internacionales sobre derechos indígenas.

Al consultar a la Cancillería de la República sobre el tema, se informó que se gestionaría una versión oficial para hoy. Además, remitieron un comunicado del pasado lunes de 10 de agosto que señala, citando al canciller Juan Carlos Varela, que el Gobierno servirá de mediador entre las comunidades y la empresa.

http://burica.wordpress.com/2009/09/09/cidh-admite-demanda-de-indigenas-ngobes-ante-proyecto-hidroelectrico-chan-75/

CIDH admite demanda de indígenas Ngobes de Panamá afectados por el proyecto hidroeléctrico Chan 75

Burica Press – Derechos Humanos. 9.9.2009

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha admitido la demanda presentada por las comunidades Ngobes afectadas por la concesión y toma forzada de sus tierras en la cuenca del Río Changuinola en Panamá, para la construcción de la represa hidroeléctrica Chan 75. Esta obra es parte de un proyecto de generación eléctrica de la empresa AES Changuinola y el gobierno panameño que es accionista del 49% de esta corporación empresarial.

La CIDH examinó la denuncia de los peticionarios y ha aprobado el informe sobre admisibilidad No. 75/09 de acuerdo al artículo 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se constituye en el caso 12,717 de la CIDH.

Valle del Río Changuinola donde habitan aproximadamente 1000 indígenas ngobes. Sus tierras fueron concesionadas por el estado panameño sin el consentimiento libre, previo e informado para la construcción de una gran represa denominada Chan 75. Los ecologistas tampoco apoyan el proyecto debido al enorme alto impacto sobre áreas protegidas con reconocimiento internacional. Foto: Cortesía de ACD Panamá

En dos meses la CIDH debe dar su veredicto de fondo sobre esta denuncia de violación a los derechos humanos de comunidades indígenas Ngobes en Panamá y también ha indicado en su comunicación formal que pone a disposición de las partes involucradas una solución amistosa conforme al artículo 48 (1) (f) de la Convención Americana.

El 18 de junio de 2009 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los miembros de las comunidades indígenas del pueblo Ngöbe, asentadas a lo largo del Río Changuinola en la provincia de Bocas del Toro, Panamá. En la solicitud de medidas cautelares se alega que en mayo de 2007 se aprobó una concesión por 20 años en un área de 6.215 hectáreas dentro del bosque protegido Palo Seco a favor de una empresa para la construcción de represas hidroeléctricas en el curso del río Teribe-Changuinola.

El informe de medidas cautelares indicó que una de las represas autorizadas para construir es Chan-75, en construcción desde enero de 2008, y que inundará el lugar donde se encuentran establecidas cuatro comunidades indígenas Ngöbes: Charco la Pava, Valle del Rey, Guayabal y Changuinola Arriba, con una población aproximada de 1.000 personas, y que otros 4.000 indígenas Ngöbes se verían asimismo afectados por su construcción. Los indígenas peticionarios alegan que las tierras afectadas por la represa forman parte de su territorio ancestral, utilizado para ejercer sus actividades tradicionales de caza y pesca.

La Comisión Interamericana consideró en junio de 2009 que correspondía otorgar medidas cautelares con el fin de evitar daños irreparables al derecho de propiedad y la seguridad del pueblo indígena Ngöbe asentado en la provincia de Bocas del Toro.

La CIDH solicitó al Estado de Panamá suspender las obras de construcción y demás actividades relacionadas con la concesión hasta tanto los órganos del sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva sobre el asunto planteado en la Petición 286/08, en la cual se alega presuntas violaciones a los derechos consagrados en los artículos 5, 7, 8, 13, 19, 21, 23 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado panameño se negó a acatar las medidas cautelares alegando debido falta del debido proceso por parte de los comisionados de la CIDH.

Asimismo, la CIDH solicitó al Estado de Panamá adoptar las medidas necesarias para garantizar la libre circulación y la vida e integridad personal de los miembros de la comunidad Ngöbe con el fin de evitar actos de violencia o medidas intimidatorias.

El Estado panameño ha alegado que se declare inadmisible la petición por cuanto no observan configuración alguna de violación a los derechos humanos y según ellos no se han agotado los recursos internos. Sin embargo, la CIDH luego de los análisis jurídicos pertinentes de las versiones de ambas partes ha decidido admitir esta demanda, ya que los argumentos del Estado panameño fueron ambiguos y no respondieron de manera directa de cómo se le ha garantizado el respeto a los derechos humanos de las poblaciones indígenas afectadas por el proyecto hidroeléctrico.

Igualmente la CIDH observa que el recurso de amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia, a favor de los Ngobes en razón de la concesión de más de 6 mil hectáreas de áreas con poblaciones indígenas no ha sido resuelto a pesar que fue interpuesto el 22 de diciembre de 2007. Esto se considera una falla denominada retardo injustificado de un proceso donde se alegan violaciones a los derechos humanos.

La CIDH incluirá el informe de admisibilidad en el Informe Anual de la Comisión a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.

Vea además:

CARTA INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

ADMISIÓN DE DEMANDA DE LOS NGOBES EN LA CIDH

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

http://burica.wordpress.com/2009/09/03/respeto-al-pueblo-naso/

Respeto al pueblo Naso!

Respeto al pueblo Naso!.

Raisa Banfield*

Terminó la primera jornada del regreso de los Naso a la Catedral, su aire hacía falta en la plaza.  El aplomo, rebeldía y suavidad al tiempo de este pueblo maravilloso, enriquecen una plaza que solo puede narrar historias de luchas, derrotas y victorias.

Actos heroicos como el de hoy día, son de aquellos por los que quisiera vivir lo suficiente,  para poder narrarlos incontables veces.  Luego de 10 horas de viaje, nuestro pueblo Naso se emplaza frente a los portones, de los portones, del portón de la puerta de la presidencia; primero a puro pulmón, luego ayudados por megáfono recitan sus derechos, gritan sus agravios y  exigen que se les respete.

La dignidad de un pueblo y la humillación que experimentan, se fundieron en un solo acto:  Encadenados y parados en una pila de estiércol, se bañaron con él mientras sus carteles gritaban:  “Nos tratan como a la mierda de vaca”, ¿quién vale más: las vacas de los Guardia o el pueblo Naso? “Nos sentimos presos de la indiferencia de los gobiernos”.

Entre vergüenza y orgullo, cual testigo mudo, presencié ese acto de indignación de un pueblo excluido y despojado de su tierra, pero no de su valor, ni de su dignidad.  Sin embargo, lo más hermoso estaba todavía por suceder, hermanos gnobes y kunas se sumaron a la vigilia nocturna, que entre cantos, oraciones, palabras de solidaridad espontáneas en todas las lenguas presentes, pero a una sola voz y como  un solo pueblo pedía:  Respeto al pueblo Naso!.

*Directora del CIAM de Panamá

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http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2009/09/03/hoy/panorama/1910304.asp

Campamento de indígenas vuelve a la plaza Catedral

Unos 15 nasos protestaron ayer frente a la Presidencia para exigir una solución al conflicto de tierras que tienen en Bocas del Toro.

RECLAMO. El grupo llegó de Bocas del Toro. LA PRENSA/Carlos Lemos

josé arcia
jarcia@prensa.com

Los indígenas nasos volvieron a la plaza de La Independencia (Catedral) en el Casco Antiguo de San Felipe. Desde ayer instalaron su campamento para demandar del Gobierno una solución al conflicto de tierras que tienen con la empresa Ganadera Bocas, en Changuinola, Bocas del Toro.

El grupo retomó sus protestas un día después de que el viceministro de Gobierno y Justicia, Jorge Ricardo Fábrega, manifestara que el Gobierno deberá tomar una decisión en este tema y que la solución no es invadir propiedad privada.

Ayer, frente a la Presidencia de la República, los nasos derramaron estiércol de vaca y se encadenaron. De esta manera, llegan a seis meses de protestas por los desalojos que el pasado gobierno realizó en las comunidades de San San y San San Druy y en los que los agentes antimotines destruyeron casas e infraestructura comunitaria.

Eliseo Vargas, dirigente de los nasos, dijo que no han visto voluntad de los gobiernos en resolver este conflicto que tiene cuatro décadas.

Los indígenas reclaman las tierras por considerarse dueños ancestrales, mientras que Ganadera Bocas tiene un título de propiedad desde 1962, por lo que pide el desalojo de los nasos.

El sacerdote Félix De Lama cuestionó el hecho de que en el país se hable mucho de seguridad jurídica, sin embargo, los pueblos indígenas nunca han tenido esa seguridad que garantice la tenencia de la tierra.

Los nasos enviaron ayer una carta al presidente de la República, Ricardo Martinelli, en la que le piden una reunión para plantearle los detalles del problema.

Se llamó a la oficina de Relaciones Públicas del ministerio para obtener una declaración y allí indicaron que debía llamarse al viceministro directamente. Se llamó dos veces a su celular, pero no contestó y el buzón no permitía dejar mensajes.

http://burica.wordpress.com/2009/08/29/indigenas-transfronterizos-panama-costa-rica-lanzan-manifiesto/

Publicado el Agosto 29, 2009 por Editor

Los Pueblos Indígenas Panamá-Costa Rica
(Naso / Ngäbe / Bribri / Cabecar)

Reunidos en la comunidad El Norteño, Comarca Ngäbe-Bugle, República de Panamá, más de 150 líderes y liderezas indígenas, hemos compartido tres días de intercambio de experiencias de lucha, conocimientos tradicionales y el análisis de las amenazas que atentan contra la vida de nuestros pueblos y de la madre naturaleza.

Este espacio permitió conocer más sobre nuestros derechos humanos y como indígenas y a identificar nuestros problemas para consolidar una agenda de acciones de lucha y resistencia conjunta.

Al ver que las causas y efectos de los megaproyectos y concesiones de recursos naturales dentro de nuestros territorios están desplazando, dividiendo y destruyendo todo a su paso, en nombre de un desarrollo insostenible, incoherente y empobrecedor, que no respeta la vida, ni la diversidad cultural.

Declaramos

1. Rechazar y exigir la anulación de todos los megaproyectos, proyectos, miniproyectos y concesiones aprobadas o en trámite de exploración y explotación minera, hidroeléctricas, turismo de alto impacto y otras actividades de inversión negativa que invaden territorios indígenas.
2. Demandamos el cumplimiento inmediato de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a las comunidades Ngäbe, afectadas por el proyecto hidroeléctrico Chan 75 de la empresa transnacional AES.
3. Distinguir como traidores y non gratos a todos esos dirigentes y autoridades tradicionales que venden a su pueblo con los gobiernos, empresarios criollos y grandes transnacionales.
4. Exigir el inicio de discusión en la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá, para la ratificación del convenio 169 de la OIT , sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes antes del 12 de octubre de 2009.
5. Respaldar la Marcha Nacional del Pueblo Ngäbe y Naso en Panamá y todas las manifestaciones y actividades que se desarrollen el 12 de octubre, en el marco de los 517 años de resistencia de los pueblos indígenas.
6. Continuar con el fortalecimiento de las organizaciones de base y el trabajo en alianza de nuestros pueblos transfronterizos, tomando como referencia y guía la Agenda Indígena Mesoamericana: “Por la Defensa de Nuestra Madre Tierra”.
7. Poner plazo de 1 año, a partir de la firma de esta declaración para que el gobierno de Panamá y de Costa Rica hagan las gestiones necesarias para:
   • La creación de la Comarca Naso Tjër-Di
   • La demarcación y ordenamiento del territorio indígena Kekoldi
   • La definición por ley de las áreas anexas de la Comarca Ngäbe Bugle.

   Dado en la comunidad El Norteño, Rep. De Panamá, a los 24 días del mes de agosto de 2009.

   Publíquese y cúmplase

   Firman las organizaciones participantes

   • PANAMA VERDE – Rosalva Jiménez
   • ARBOL DEL MAÑANA (ASAAM) – Roberto Baken
   • COMITÉ DE SALUD DE NORTEÑO – Alfonso Rodríguez
   • COMITÉ DE ARTESANIA DE NORTEÑO – Florina Hernández
   • ASOCIACION KEKOLDI – Gloria Mayorga
   • ASOCIACION Y COMISION DE MUJERES INDIGENAS TALAMANCA – Edith Villanueva
   • ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS WATSI – Minta Morales
   • CONSEJO COMUNAL – Heiner Gallardo
   • ASOCIACION DE DESARROLLO INDIGENA DE TERRITORIO BRIBRI (ADITIBRI) – Agustín López
   • RED DE RESISTENCIA INDIGENA DE BOCAS DEL TORO (RRIB) – Reynaldo Gonzáles
   • FUNDACION NASO TJËR DI – Félix Sánchez
   • ODESEN – Edwin Sánchez
   • CEDETENG – Pedro Abrego
   • CONGRESO AREA ANEXA – Leonardo Donald
   • COMITÉ DE DESARROLLO (CODESCON) – Dionicio Clemente
   • ASOCIACION DE JUVENTUD DE SILICO CREEK – Yin Gallego
   • ASOCIACION DE PRACTICAMENTES DE LA MEDICINA TRADICIONAL NASO – Antonio Sánchez
   • ASOC. DE PROD. AGROPECUARIO, ARTESANAL, ECOTURISMO, INDUSTRIAL – Martínez Abrego
   • COMISION CONGRESO REGIONAL ÑO KRIBO – Ricardo Clemente

c.c. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
c.c. Organización Internacional del Trabajo (OIT)
c.c. Presidencia de Panamá y Costa Rica
c.c. Medios de comunicación.