Acuerdo entre el Gobierno Nacional, las empresa AES Changuinola,S.A. y las comunidades Ngobe

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Saturday, 28 November 2009 22:05

// Agreement Between The Panamanian Government, Company AES Changuinola, And Indigenous Ngobe Communities Translated from Spanish, Original Below An agreement of principles to ensure respect for the rights of indigenous peoples and strengthen national development signed on Thursday the national government, the Company AES Changuinola, SA and the Ngobe communities Charco La Pava, Valle del Rey, Chaguinola Up and Nance of Risco. Panamanian government officials, AES Changuinola representatives, and Ngobe community leaders sign an agreement The Vice President and Foreign Minister, Juan Carlos Varela, noted that the entry of production of this plant will have a direct impact at the country level to lower energy costs for all Panamanians. Varela Ngobe thanked the community for being part of the dialogue. “This firm is a very important step to advance the economic and social development of our country and assure you that this gesture will pay the benefit to all communities.” This agreement results from the High Level Commission set up by the National Government on 10 August, and chaired by Vice Chancellor and Varela, involving state, business and communities. The signing of the agreement seeks to ratify the intention of the parties to reach understandings that lead to the solution of conflicts arising at the start of construction of the hydroelectric Chan 75. In the ten-point document the parties agree that “the agreements to be reached eventually be based on respect for international commitments entered into by the State under the American Convention on Human Rights and other international instruments related to rights indigenous peoples “. In the seventh article “communities recognize the importance and national interest involved in the development and timely project completion Chan 75, agree with it and understand that for some families it must be relocated. The Representative Ngobe, Ernesto Lopez, asked the government to ensure that the agreement is enforced. “We believe we are doing something for the good of the communities and supporting the national government.” Changuinola 1 (Chan 75) Large Hydro Project (Panama) Signed by the National Government Juan Carlos Varela, Vice President and Minister of Foreign Affairs and Jorge Ricardo Fabrega, Vice Minister of Government and Justice and the AES Changuinola, James Tupper Bracho. For indigenous communities Rafael Abrego, Celestino Abrego and Ernesto Lopez, Charco La Pava community, Santiago Santos and Ricardo Santos, by the Commonwealth of Changuinola Arriba; Wilfrido Abrego was born by the Community of Risco and Sunday Abrego and Agustin Jimenez for the King Valley community. Spanish Original Acuerdo entre el Gobierno Nacional, las empresa AES Changuinola,S.A. y las comunidades Ngobe Panamá, 27 de noviembre de 2009. Un acuerdo de principios para garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y fortalecer el desarrollo nacional firmaron este jueves el Gobierno Nacional, la empresa AES Changuinola, S.A. y las comunidades Ngobe de Charco La Pava, Valle del Rey, Chaguinola Arriba y Nance de Risco. El Vicepresidente y Ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Varela, destacó que la entrada de producción de esta planta tendrá un impacto directo a nivel del país al bajar el costo de la energía para todo el pueblo panameño. Varela agradeció a la comunidad Ngobe por haber sido partes del diálogo. “Esta firma es un paso muy importante para avanzar en el desarrollo económico y social de nuestro país y les aseguramos que este gesto rendirá en beneficio para todas sus comunidades”. Este acuerdo es resultado de la Comisión de Alto Nivel instalada por el Gobierno Nacional, el 10 de agosto pasado, y presidida por el vicepresidente y Canciller Varela, con la participación del estado, la empresa y de las comunidades. La firma del acuerdo busca ratificar la intención de las partes para alcanzar entendimientos que llevan a la solución de conflictos surgidos al inicio de la construcción de la hidroeléctrica Chan 75. En el documento de diez puntos las partes coinciden en que “los acuerdos a los que eventualmente se llegue estarán basados en el respeto de los compromisos internacionalmente contraídos por el Estado conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales relacionados con los derechos de los pueblos indígenas”. En el artículo séptimo “las comunidades reconocen la importancia y el interés nacional envuelto en el desarrollo y culminación oportuna del proyecto Chan 75, están de acuerdo con el mismo y comprenden que para ello algunas familias deben ser reubicadas”. El Representante Ngobe, Ernesto López, solicitó al gobierno que vele para que el acuerdo se cumpla. “Nosotros consideramos que estamos haciendo algo por el bien de las comunidades y en apoyo al Gobierno Nacional”. Firmaron por el Gobierno Nacional Juan Carlos Varela, Vicepresidente y Ministro de Relaciones Exteriores y Jorge Ricardo Fábrega, viceministro de Gobierno y Justicia y por la AES Changuinola, Jaime Tupper Bracho. Por las comunidades indígenas Rafael Ábrego, Celestino Ábrego y Ernesto López, por la comunidad Charco La Pava; Santiago Santos y Ricardo Santo, por la Comunidad de Changuinola Arriba; Wilfrido Ábrego por la Comunidad de Nace de Risco y Domingo Ábrego y agustín Jiménez por la comunidad de Valle del Rey.

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Indígenas Naso siguen presentes en área de conflicto

http://www.laestrella.com.pa/mensual/2009/12/05/contenido/13010668.asp

Indígenas Naso siguen presentes en área de conflicto

Foto Cortesia/Resistencia Naso

ABDIEL AUGUSTO PATINO
apatino@laestrella.com.pa

Larissa Duarte, del Movimiento Campesino en Defensa del Río Cobre y miembro Solidaridad Naso, dio a conocer que las familias indígenas Naso que sufrieron las consecuencias del desalojo forzoso realizado el pasado 19 de noviembre, por ordenes del Ministerio de Gobierno e Injusticia ejecutadas por el Gobernador de la Provincia de Bocas del Toro, han decidido levantar campamentos en la zona 0 o área de conflicto.

Los Naso ya tienen 8 meses de organizar y vivir en varios campamentos de refugio y protesta, tanto en la ciudad de Panamá (Plaza Catedral, del que fueron desalojados) y en San San Druy (zona del conflicto de tierras), en busqueda de la solución al problema que sufren con la empresa Ganadera Bocas S.A. Según aclara Duarte, los indígenas reclaman un globo de terreno de menos de 200 hectáreas como territorio ancestral, que se espera incorporar dentro de la proyectada Comarca Naso Tjër-Di.

De acuerdo al gobierno nacional, la empresa Ganadera Bocas cuenta con un título de propiedad; pero los indígenas sientes que eso es supremamente mas valioso que la seguridad de una comunidad indígena que ha sido olvidada y discriminada por tantos años.

Johnny Lorenzo, joven Naso que fue a parar a la cárcel por varios días en la ciudad de Panamá junto a otros 9 jóvenes Naso por retomar la Plaza Catedral como símbolo de protesta pacífica, dijo: “¡Ahora nos toca a los jóvenes, luchar! No tenemos miedo y ya esta bueno de tanto atropello y burla. Queremos una Comarca para nuestro pueblo, queremos caminos de acceso dignos para nuestras comunidades. Basta ya de que los gobiernos y los empresarios hagan lo que les venga en gana en nuestro territorio ancestral, aunque esa palabra no les guste. Somos originarios y no vamos a salir de aquí.”

Con la medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado panameño y el pronunciamiento enérgico del Relator de los Pueblos Indígenas James Anaya, los Naso sienten qu cuentan un gran respaldo internacional; no obstante el gobierno considera esta petición como “exagerada”.

CIDH exige medidas cautelares al Gobierno de Panamá

http://burica.wordpress.com/2009/12/01/cidh-exige-medidas-cautelares-al-gobierno-de-panama-a-favor-de-los-indigenas-naso/

CIDH exige medidas cautelares al Gobierno de Panamá a favor de los indígenas Naso

Publicado el Diciembre 1, 2009 por Editor

CIDH exige medidas cautelares al Gobierno de Panamá

a favor de los indígenas Naso

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió ayer 30 de noviembre Medidas Cautelares a favor del Pueblo Indígena Naso de la provincia de Bocas del Toro (Panamá). Así lo confirmó Santiago A. Cantón, Secretario Ejecutivo de la CIDH.

La CIDH exige al Estado panameño que tome las medidas necesarias para evitar la continuidad de los desalojos colectivos forzados y/o levantamiento de las viviendas del Pueblo Indígena Naso.

Que le brinde la atención de emergencia en salud y vivienda a los miembros de estas comunidades que fueron víctimas del desalojo y destrucción de sus viviendas, alimentos y animales.

Que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los líderes nasos Eliseo Vargas, Tony Vargas, Oscar Vargas, Lupita Vargas, Marcial Gamarra y Lucho Gamarra.

Que garantice la libre circulación y seguridad de los miembros del Pueblo Indígena Naso a fin de que no sean objeto de nuevos actos de violencia o medidas intimidatorias.

Que se levante una investigación de los hechos que motivaron la adopción de las presentes medidas cautelares.

El Gobierno de Panamá ha ignorado hasta ahora los llamamientos de la comunidad internacional (como la carta del Relator Especial de la ONU para Pueblos Indígenas, James Anaya) y está poniendo al país una vez más en una situación de desacato en el marco de los convenios internacionales relacionadas con el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.

Ya la CIDH ha dispuesto durante este año, medidas cautelares a favor del pueblo indígena Ngobe del Valle del Río Changuinola que están siendo desalojados de manera forzosa por la construcción de una represa en su territorio. El Gobierno de Panamá ha ignorado estas medidas cautelares.

Organizaciones civiles exigen al gobierno panameño respeto al pueblo Naso

http://burica.wordpress.com/2009/11/27/organizaciones-civiles-exigen-al-gobierno-panameno-respeto-al-pueblo-naso/

Publicado el Noviembre 27, 2009 por Editor

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA PANAMEÑA
E INTERNACIONAL

Las organizaciones abajo firmantes mostramos nuestra solidaridad con las comunidades del pueblo originario Naso de San San Drui y San San y exigimos al Gobierno Nacional el respeto de sus derechos territoriales, culturales, económicos y políticos que han sido violentados durante los últimos ocho meses. Deploramos el desalojo violento y sin las adecuadas garantías realizado el pasado 19 de noviembre y pedimos que de forma urgente se abra una mesa de diálogo con capacidad de decisión que encuentre una solución consensuada tal y como ha instado el Relator Especial de Naciones Unidas, James Anaya.

CONSIDERANDO:

1. Que el pueblo originario Naso está en riesgo de extinción dada la agresión permanente a sus territorios, la falta de reconocimiento de su Comarca y la ausencia de una educación bilingüe y respetuosa de sus particularidades culturales.
2. Que el pueblo originario Naso es, como lo reconoce la UNESCO, garante del Parque Internacional La Amistad (PILA) y del Bosque Protector Palo Seco, ecosistemas claves para Panamá y que se encuentran seriamente amenazados por los megaproyectos en ejecución o propuestos y por la política que fomenta la economía extractiva en lugar de la sostenibilidad ambiental, humana y económica.
3. Que la Declaración sobre Derechos de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (Septiembre 2007) que suscribió el Estado de Panamá, reconoce los derechos a su propio territorio y autogobierno de los pueblos originarios, y que por ende es responsabilidad del Estado buscar una solución a la desprotección territorial del pueblo.
4. Que durante los últimos ocho meses, desde el primer desalojo violento de estas comunidades (30 de marzo de 2009), los representantes de la comunidad Naso han mostrado toda la disposición a negociar y han dado muestra de buena fe, mientras que los representantes del Gobierno han sido inconsistentes e irrespetuosos de los pocos acuerdos alcanzados.
5. Que se está priorizando los intereses privados de una empresa frente al interés colectivo de un pueblo originario que acumula parte del patrimonio intangible de Panamá.
6. Que se ha puesto en riesgo la integridad física, mental y espiritual de dos comunidades, incluyendo un gran número de menores de edad y adultos mayores.
7. Que se han incumplido los procedimientos recogidos en la ley y que se dio un uso excesivo de la fuerza (tal y como lo expresó la Defensoría del Pueblo).
8. Que persiste la amenaza policial, así como una crisis humanitaria en la zona (particularmente está en riesgo la seguridad alimentaria de la población desalojada la cual no ha podido sembrar ni recoger el fruto de su trabajo ya que se destruyeron sus cultivos desde marzo).

EXIGIMOS

1. El inmediato cese de los hostigamientos a la población civil de San San Drui y San San, así como la salida de las unidades policiales que permanecen en San San Drui y en el punto conocido como el Zarzo en el camino de Guabito a las comunidades.
2. Garantizar la libre movilización de personas y mercancías y cesar las requisas y las intimidaciones.
3. Atender urgentemente las necesidades alimentarias y de cobijo de las familias afectadas por el desalojo del 19 de noviembre.
4. Instalar a la mayor brevedad una comisión de negociación en la que exista una amplia representación de los líderes Naso de San San y San San Drui y todas las condiciones necesarias para su efectiva participación.
5. Establecer medidas de reparación para los daños económicos, morales y culturales ocasionados a las comunidades de San San y San San Drui.
6. Acelerar la discusión en la Asamblea Nacional del proyecto de creación de la Comarca Naso y descartar cualquier otra fórmula territorial que no suponga el pleno reconocimiento de la propia determinación de los pueblos originarios.
7. Incluir en la agenda de negociación la discusión del papel que juegan los Naso en la protección del PILA y del Bosque Protector Palo Seco; y revisar todos los procedimientos y Estudios de Impacto Ambiental del proyecto Hidroeléctrico Bonyic dado el riesgo de daño irreparable en el Bosque Protector.

Firmado en Panamá el 26 de noviembre por las siguientes organizaciones:

Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM)

Pastoral Indígena Arquidiocesana

Pastoral Social de la Arquidiocesana

Movimiento de la Juventud Kuna (MJK)

Acción Cultural Ngobe (ACUN)

Human Rights Everywhere / Comuna Sur (HREV)

Comunidades Religiosas Insertas en Medios Populares (CRIMPO)

Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)

UN Rapporteur Condemns Naso Eviction Of Communities In Panama And Calls For Dialogue

http://indigenouspeoplesissues.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2933%3Aun-rapporteur-condemns-naso-eviction-of-communities-in-panama-and-calls-for-dialogue&catid=60%3Acentral-american-and-caribbean-indigenous-peoples&Itemid=82&lang=en

Thursday, 26 November 2009 22:17

The Special Rapporteur of the United Nations on the situation of human rights and fundamental freedoms of Indigenous Peoples, James Anaya, expressed “extreme concern over forced evictions and destruction of houses suffered the November 20, 2009 by Naso communities of San San and San San Drury, in Changuinola, Bocas del Toro province, Panama. “

According to reliable reports, on 20 November 2009, about 150 riot police evicted with tear gas, more than 200 indigenous Naso living in the communities of San San and San San Drury. After the people were pulled out, company employees Livestock Bocas entered the area with machinery and proceeded to demolish the homes of indigenous people.

The company claims the evacuation area for their livestock business, based on a course title granted by the State, while Naso communities who have lived there prior rights claim based on their traditional land tenure. The Naso has been a process of land claims since the seventies, where they request, including the creation of their own region on their traditional lands. Despite the time elapsed, to date, the Naso not have the legal recognition of their traditional lands.

“I appeal to the Panamanian authorities and of the Naso people to find ways of dialogue and understanding based on respect for human rights,” said the UN expert. “In particular, I urge the Government to immediately resume a dialogue with the indigenous Naso concerned to reach a peaceful solution to this situation.”

Also, the Special Rapporteur urges the competent judicial authorities to take steps to clarify the facts of the eviction, punishing those responsible for any violation of the rights of affected communities, and repair the damage caused to the victims, including compensation.

In this regard, the Special Rapporteur emphasizes that Article 10 of the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples of the UN states that “indigenous peoples shall not be forcibly removed from their lands or territories. There shall be no transfer without the free, prior and informed consent of indigenous peoples concerned, or without an agreement on a just and fair compensation and, where possible, the option of return. “

In the present situation is compounded by the previous eviction of community members and San San San San Drury in March and April this year. On 23 April 2009 the Special Rapporteur sent an urgent appeal to the Government of Panama, seeking clarification about the circumstances of evictions and territorial claims of the Naso. Regrets not having received a reply from the Government of Panama.

Relator ONU condena desalojo de comunidades Naso en Panamá y exhorta al diálogo

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, James Anaya, expresa su “extrema preocupación por los desalojos forzados y la destrucción de viviendas sufridos el 20 de noviembre de 2009 por las comunidades Naso de San San y San San Druy, en Changuinola, provincia Bocas del Toro, Panamá.”

Según informes fiables, el 20 de noviembre de 2009, aproximadamente 150 policías antimotines desalojaron con bombas de gases lacrimógenos, a más de 200 indígenas Naso que habitan en las comunidades de San San y San San Druy. Después de que las personas fueron sacadas, empleados de la empresa Ganadera Bocas entraron al área con maquinaria y procedieron a derribar las viviendas de los indígenas.

La empresa reclama el área del desalojo para sus actividades comerciales ganaderas, con base en un supuesto título otorgado por el Estado, mientras que las comunidades Naso que han vivido allí reclaman derechos anteriores con base en su tenencia de tierra tradicional. Los Naso han llevado un proceso de reivindicación de tierras desde los años setenta, en el que solicitan, en particular, la creación de su propia comarca sobre sus tierras tradicionales. Pese al tiempo transcurrido, a la fecha, los Naso no cuentan con el reconocimiento legal de sus tierras tradicionales.

“Hago un llamamiento a las autoridades panameñas y del pueblo Naso a buscar vías de diálogo y de entendimiento sobre la base de respeto a los derechos humanos,” expresó el experto de la ONU. “En particular, insto al Gobierno que se retome de inmediato un proceso de diálogo con los indígenas Naso afectados para llegar a una solución pacífica a esta situación.”

Asimismo, el Relator Especial insta a las autoridades judiciales competentes para que adopten medidas para esclarecer los hechos del desalojo, sancionar a los responsables de cualquiera violación a los derechos de las comunidades afectadas, y reparar el daño causado a las víctimas, incluyendo indemnización.

En este respecto, el Relator Especial enfatiza que el artículo 10 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU establece que “los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.”

A la presente situación se suma el anterior desalojo de los miembros de las comunidades San San y San San Druy en marzo y abril de este año. El 23 de abril de 2009 el Relator Especial envió un llamamiento urgente al Gobierno de Panamá, pidiendo aclaración sobre las circunstancias de los desalojos y el reclamo territorial de los Naso. Lamenta no haber recibido una respuesta del Gobierno de Panamá.

Policía desaloja a nasos

http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2009/11/20/hoy/nacionales/2000702.asp

COnflicto por tenencia de tierras en bocas del toro entre indígenas y empresario

Las familias naso fueron sacadas de los terrenos que están en litigio con la empresa Ganadera Bocas.

EQUIPO. Una pala mecánica, propiedad de Ganadera Bocas, procede a derribar los ranchos de tambo de los moradores de la comunidad de San San Druy. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Pedro Rodríguez1295893

PEDRO RODRÍGUEZ SANJUR
changuinola, bocas del toro
nacionales@prensa.com

Agentes de la Policía Nacional y unidades antimotines desalojaron por la fuerza a los indígenas naso que habitaban tierras que reclama la empresa Ganadera Bocas, propiedad del empresario Mario Guardia. En la incursión policial participaron alrededor de 150 unidades, entre ellos decenas de antimotines que desalojaron con bombas de gases lacrimógenos a los moradores de San San y San San Druy.

Después de dos horas de resistencia y enfrentamientos, los indígenas fueron obligados a cruzar el río en el sector conocido como La Tigra, donde permanecen sin sus pertenencias.

La orden de desalojo la dio el gobernador Simón Becker, quien a las 12:00 medio día ingresó a las comunidad es de San San y San San Druy junto con el subcomisionado de la policía Didier de Gracia.

Antes del enfrentamiento, el gobernador intentó persuadir a los nasos a que abandonaran el área, con el compromiso de que la gobernación les buscaría otra ubicación, pero los moradores no aceptaron porque consideran que esas tierras les pertenecen.

En los enfrentamientos con la policía no se reportaron heridos ni detenidos. El subcomisionado Didier de Gracia dijo que la acción se desarrolló sin ningún incidente que lamentar, por lo que pudo cumplir la orden.

Tras el desalojo, empleados de Ganadera Bocas entraron a las áreas con maquinaria y procedieron a derribar los ranchos de tambo de los indígenas.

En el desalojo no estuvieron presentes los dirigentes de los nasos Eliseo Vargas y Félix Sánchez.

Vargas aseguró que no se encontraba en el sitio porque estaba en Changuinola presentando dos recursos contra el alcalde para detener la acción policial.

“Han dejado en una situación caótica a los pobladores, el ministro José Raúl Mulino confirma, una vez más, que es el Hitler panameño, al obligar al gobernador a que nos desalojara”, señaló Vargas.

El dirigente denunció que las autoridades se aprovecharon de que la mayoría de los moradores no se encontraban en el área para llevar adelante la incursión.

“Solo estaban unos cuantos niños y señoras, por lo que les fue fácil sacarlos”, denunció Vargas.

Con el desalojo, alrededor de 200 personas que vivían en las comunidades han quedado a la intemperie y sin alimentos.

Los dirigentes indígenas aseguraron que continuarán con los procesos legales en contra de Ganadera Bocas y de las autoridades porque se ha cometido una violación de los derechos humanos del pueblo naso. Denunciaron que con la acción se violaron tratados internacionales que protegen los derechos de los indígenas.

Por su parte, Félix Sánchez, otro dirigente, responsabilizó al ministro de Gobierno y Justicia de lo que les pueda suceder a los indígenas al quedar sin un sitio en donde vivir.

Según Sánchez, se estaba en conversaciones con las autoridades para llegar a una solución pacífica y para el 24 de noviembre se tenía programada una visita al área por parte de delegados del Banco Mundial y del Programa Nacional de Administración de Tierras para verificar los puntos de demarcación reclamados tanto por Ganadera Bocas como por los nasos, pero con la orden de desalojo, dictada por el ministro, ya no se podrá realizar.

Derriban 20 casas a nasos de Bocas

http://www.laestrella.com.pa/mensual/2009/11/20/contenido/171807.asp

UNAS 200 PERSONAS A LA INTEMPERIE

Derriban 20 casas a nasos de Bocas

Foto: Horacio Trotman

Viviendas derribadas ayer en las comunidades Naso de San San y San San Drui, en la provincia de Bocas del Toro.

La Policía lanza gases lacrimógenos a los indígenas e irrumpen con violencia en las viviendas

HORACIO TROTMAN
periodistas@laestrella.com.pa

BOCAS DEL TORO. La comunidad Naso fue sorprendida ayer, cuando más de un centenar de policías se tomaron la comunidad de San San Drui, en el corregimiento del Teribe, después de que gobernador de la provincia de Bocas del Toro, Simón Beker, ordenara la diligencia y escoltando a la maquinaria de la empresa privada Ganadera Bocas para arrasar con las viviendas de la comunidad.

Los agentes de policía dispararon gases lacrimógenos ante la presencia de decenas de menores de edad y mujeres presentes en el lugar, logrando derribar sin piedad las casas que hace poco las comunidades Naso levantaron tras el anterior desalojo violento del pasado 30 de marzo.

Los indígenas señalaron que sin ninguna orden judicial, y según se informó, respaldados por el gobernador de Bocas del Toro, Simón Becker, ejecutaron la acción.

Los afectados visiblemente enojados señalaron que el estado ha violado todas las leyes y los ha dejado sin nada, y ahora se ven afectados por las fuertes lluvias que constantemente caen sobre esta región del país y no saben dónde ir.

En el lugar unas 200 personas que según testimonios de la zona están “casi sin comida y sin ningún lugar donde protegerse del agua”.

Los moradores estaban reagrupándose ayer después de los momentos de terror vividos y con la amenaza de una posible detención de sus líderes.

Señalaron que esta situación se puede calificar como un crimen contra los derechos básicos de los indígenas y un atentado directo contra los derechos de los pueblos.

En el ataque participaron unas 200 unidades del grupo de antidisturbios, reforzados con unidades de la provincia de Chiriquí y Veraguas, quienes acorralaron a los cientos de nasos, que tomaron un globo de terreno de propiedad de la empresa Ganadera Bocas.

Al inicio de enfrentamiento los indígenas se replegaron y varios minutos resistieron la embestida, mientras se defendían con piedras y palos que no llegaron a sus objetivos.

Antes de iniciar la incursión por parte de las unidades policiales, el gobernador Simon Beker, mantuvo un diálogo por espacio de dos horas por lo que la dirigencia encabezada por Roberto Torres y Alcides Vargas, se negaron a la propuesta presentada por el Estado.

La planicie de la comunidad de San San Drui, fue invadida por una densa cortina de humo de los gases lacrimógenos, mientras los indígenas se replegaban a una trinchera en las riveras del río del San San.

En la diligencia de desalojo no hubo detención ni heridos.

MOLESTIAS

Los afectados visiblemente enojados señalaron que el Estado ha violado todas las leyes y no respeta a los indígenas.

Mientras una pala destruía los ranchos de los indígenas nasos, las unidades uniformadas se mantienen desplegadas en la zona para evitar el retorno de los invasores a los terrenos de empresa ganadera Bocas.

Los indígenas se defendían con piedras y palos, pero esto no fue suficiente para lograr sus objetivos.

Nasos, en pie de guerra

http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2009/11/13/hoy/nacionales/1992948.asp

Disputa por tierras en Bocas del toro, indios se enfrentan con empresario

Pobladores en alerta por lanzamiento para este 15 de noviembre, mientras que autoridades prometen reubicación.

MEDIDA. Moradores de San San Druy se arman con hacha y machete y están preparados para enfrentarse a la policía cuando se dé la orden de lanzamiento. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Pedro Rodríguez i1292442

 

Pedro Rodríguez Sanjur
Changuinola, Bocas del Toro
nacionales@prensa.com

Indígenas del Teribe, de las comunidades de San San y San San Druy, territorio originario naso, se arman en pie de guerra ante el inminente lanzamiento de las tierras que ocupan y que están en litigio con la empresa Ganadera Bocas, S.A.

Las comunidades de San San Druy y San San se encuentran bajo la presión de una orden de lanzamiento y desalojo promovida por la empresa ante la Corregiduría de Teribe y la Alcaldía de Changuinola.

El lanzamiento está programado para ejecutarse este 15 de noviembre, aseguró Eliseo Vargas, vocero de los moradores de la comunidad de San San Druy.

Según los dirigentes de las comunidades, el pasado martes 27 de octubre el ministro de Gobierno y Justicia José Raúl Mulino realizó una gira al área en conflicto entre el pueblo naso y Ganadera Bocas, que alega que el asentamiento originario de estas comunidades está dentro de “su título de propiedad”. Posterior a esta gira- según los dirigentes- el ministro se reunió con el gobernador de la provincia, Simón Becker, el alcalde del distrito de Changuinola, Lorenzo Luis Becker, el subcomisionado de la Policía de Bocas del Toro, el administrador y el representante legal de la compañía.

Vargas calificó a Mulino como el nuevo “Hitler panameño” y de tener una actitud “fascista” que desconoce cuáles son los verdaderos deberes y responsabilidades de un funcionario de ese nivel del gobierno central y, por otro lado, pretende llevar a cabo sus macabros planes por encima de los derechos humanos y territoriales de los pueblos originarios, como lo es el pueblo naso.

En la mencionada reunión, aseguró Vargas, y después de escuchar un discurso de Tito Santana, quien alega ser el rey del pueblo naso, Mulino manifestó que la orden de lanzamiento no puede esperar más y que se debe realizar lo antes posible porque las comunidades naso están dentro de “propiedad privada”.

Respeto de acuerdos

Los moradores se han estado reuniendo para rechazar esta medida que los indios califican de “arbitraria” y que ha sido anunciada por Mulino en conjunto con el gobernador. Los moradores sostienen que la medida de desalojo viola el acuerdo al que se había llegado en la ciudad de Panamá, en primera instancia, con el ministro Mulino y que consistía en que él sobrevolaría el área y luego se reuniría con las partes en conflicto, situación que no se cumplió.

Por su parte, el director de Política Indígena del Ministerio de Gobierno y Justicia, José Isaac Acosta, calificó como desafortunado el comunicado emitido por el vocero del pueblo naso, Eliseo Vargas, quien calificó la orden de desalojo de esta tierra como un “plan macabro por encima de los derechos humanos y territoriales” de este pueblo originario.

Vargas, según Acosta, hace calificativos inapropiados del ministro de Gobierno, José Raúl Mulino, porque él ha sido muy respetuoso y ha conversado detenidamente con las familias que están en el área de San San y San San Druy, con las autoridades de la provincia, con el señor Tito Santana y con la empresa Ganadera Bocas.

“Una cosa es el derecho histórico del pueblo naso y otra cosa es la incursión en una propiedad privada de la empresa Ganadera Bocas.

Para el director de Política Indígena es inapropiado e imprudente haber calificado al ministro Mulino como el “Hitler panameño”.

Una cita indígena en EU

http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2009/11/04/hoy/panorama/1967907.asp

 

DERECHOS. COMISIÓN INTERAMERICANA ATIENDE RONDA DE AUDIENCIAS.

¿Acción concertada o coincidencia? Lo cierto es que los reclamos indígenas del continente han coincidido en el período de sesiones de la CIDH en Washington.

ANCESTROS. Los indígenas andinos también recordaron a sus antepasados el 2 de noviembre. Hoy defienden la tierra y los recursos que les legaron sus mayores. REUTERS/Pilar Olivares1288349

 

ARISTIDES CAJAR PÁEZ
acajar@prensa.com

La frase lo sintetiza todo: “es como si fuera que no existimos”, dice un habitante indígena de la provincia de Salta, Argentina. Allí, los pueblos autóctonos llevan décadas tratando de que se les delimite y se les regularice el derecho a sus tierras ancestrales.

Pero pese a las promesas de los gobiernos, sus territorios siguen siendo ocupados por colonos no indígenas que los cercan con alambradas e impiden el paso a pobladores originales de la tierra.

El video que presenta los testimonios de los indígenas salteños fue parte de la audiencia que tuvo lugar el pasado 2 de noviembre en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington y que llevó hasta allá a la asociación de comunidades indígenas Lhaka Honhat de Salta.

Fue la primera de una serie de audiencias en donde pueblos indígenas de toda la América presentaron sus reclamos para ver si la justicia internacional hace lo que en sus respectivos países no se ha logrado hacer.

La CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos, analizará hasta el viernes 6 de noviembre 54 casos, a solicitud de gobiernos y asociaciones de derechos humanos de 18 países de la región. Las sesiones arrancaron el pasado lunes con dos audiencias concretas sobre temas indígenas: una sobre Argentina y otra sobre Panamá.

La panameña es la relativa al reclamo que hacen los pueblos ngäbe buglés sobre la decisión de la CIDH de ordenar detener la construcción de la hidroeléctrica Chan 75, que hasta ahora no se ha cumplido.

La mayoría de los reclamos aborígenes tiene que ver con problemas de tenencia de la tierra y con grandes proyectos de desarrollo que los países quieren realizar en su territorio, amenazando su forma de vida y su cultura.

PROYECTOS Y REPRESAS

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, que agrupa a pueblos originarios de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Argentina, planteó también el lunes ante la CIDH la reestructuración estratégica de la Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana (Iirsa).

La Iirsa nació en agosto de 2000 por acuerdo de la reunión de presidentes de los países sudamericanos. Su objetivo central es conectar la infraestructura sudamericana para facilitar la extracción de los bienes naturales.

Se trata de 510 megaproyectos, con financiamiento de 70 mil millones de dólares para 12 países sudamericanos. Estos, señalan los demandantes, generan impactos negativos a nivel social, ambiental y cultural en las comunidades aborígenes de esos lugares, a las cuales no se les consultó previamente. Las asociaciones indígenas demandantes quieren que el paquete de proyectos de esta iniciativa de la Unión de Naciones Suramericanas esté sujeto a vigilancia indígena local, nacional y regional.

Otro caso similar es el que presenta la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, junto a otras organizaciones sociales y ambientales, sobre el impacto de las grandes represas en América. La audiencia se da atendiendo a la petición de más de 40 organizaciones ambientales nacionales e internacionales y de las comunidades afectadas, que se han manifestado en contra de estos proyectos alegando impactos desfavorables para las zonas aledañas.

AMAZONIA

Indígenas de Perú y Ecuador, y asociaciones y grupos que los respaldan, también participan de la ronda de audiencias esta semana en la CIDH.

Las comunidades amazónicas peruanas confían en que la Comisión les dé la razón y exija al Estado realizar consultas para determinar el futuro de los recursos naturales que hay en los territorios que habitan, informa un despacho de la agencia Notimex.

El Instituto de Defensa Legal, que asumió la representación de los indígenas, señala que se evaluará el cumplimiento del Gobierno peruano de los compromisos internacionales sobre el derecho a la consulta.

El 5 de junio pasado los nativos amazónicos se enfrentaron –en el marco de una serie de reclamos al gobierno– a las fuerzas del orden en la región de Bagua, lo que causó que nueve nativos y 24 policías murieran, así como medio centenar de heridos de ambos bandos.

También se verá el caso de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), grupo que ha mantenido un pulseo de fuerzas con el gobierno de Rafael Correa.

Después protestas indígenas que hace dos meses se saldaron con un manifestante fallecido y unos 40 policías heridos, el Gobierno y la Conaie comenzaron un proceso de diálogo. Los delegados de ambas partes trabajan sobre un proyecto de ley de recursos hídricos, y otro sobre minería, preocupaciones prioritarias de los indígenas.

 

CONTROVERSIA Y CHOQUE CULTURAL

La participación de niños en las protestas y el castigo a ortigazos de un funcionario, son algunos de los últimos acontecimientos que avivan la polémica sobre los límites culturales frente a los pueblos indígenas. El Gobierno chileno, líderes indígenas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) polemizaron el lunes por la presencia de niños en enfrentamientos entre la policía y los mapuches.

Las acusaciones cruzadas estuvieron marcadas también por las denuncias de violencia represiva innecesaria contra los niños, alegatos emanados desde la Unicef y las comunidades aborígenes, señalaron agencias internacionales. Entre tanto, un incidente con un funcionario de Educación tensó el difícil diálogo entre el Gobierno ecuatoriano y los indígenas de ese país. El funcionario denunció agresión, pero los indígenas dijeron que solo lo estaban “purificando”, luego que él le faltara el respeto a la comunidad.

CIDH celebra audiencia

http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2009/11/03/hoy/panorama/1982104.asp

Evalúan caso de la hidroeléctrica chan-75

Representantes indígenas dijeron que bajo el gobierno de Martinelli hay nuevas posibilidades de una solución amistosa.

BETTY BRANnAN JAEN
cORRESPONSAL EN WASHINGTON, DC
LaPrensadc@aol.com

Respondiendo a una petición hecha por el gobierno de Martín Torrijos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró ayer una audiencia sobre la orden de suspender el avance del proyecto hidroeléctrico Chan-75.

En la audiencia, representantes indígenas de las comunidades afectadas por la obra denunciaron que el Estado panameño ha incumplido la orden de suspensión, mientras que un funcionario de la Cancillería panameña dijo que Panamá no ha obedecido la orden porque la medida cautelar no cumple con el reglamento de la CIDH. El organismo rechazó este argumento en forma tajante. “La medida cautelar está vigente y la CIDH espera que el Estado panameño la cumpla de buena fe”, sentenció el comisionado Víctor Abramovich, quien presidia la audiencia.

Según el viceministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega Fábrega, representante del Gobierno panameño, el problema fundamental es que el gobierno anterior puso en manos de la empresa la responsabilidad de negociar con las comunidades afectadas, lo cual dio lugar a “toda clase de cosas”.

Según los representantes indígenas, los ngöbes –cuyas tierras serán inundadas– viven bajo agresiones y amenazas de muerte, y no todos han sido incluidos en el proceso de diálogo.

“Ellos [el gobierno] no han respetado los derechos del pueblo indígena, porque el interés del gobierno es construir la represa”, acusó Bernardino Morales, representante de la comunidad de Guayabal.

A pesar de estos argumentos, los representantes indígenas reconocieron que bajo el gobierno de Martinelli hay nuevas posibilidades de una solución amistosa, aunque solicitan que se cumpla con la orden de suspender la obra y que se revisen todos los “acuerdos” ya obtenidos.