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Gobierno y AES Panamá en Charco La Pava en malas prácticas

Publicado el Octubre 13, 2009 por Editor

Malas prácticas: Gobierno y AES Panamá en Charco La Pava

13 Oct 2009 8:05 AM | Lean este interesantísimo análisis de Bartolomé Clavero (miembro del Foro Permanente de la ONU para Cuestiones Indígenas) sobre el supuesto acuerdo entre sociedad civil y AES Panamá en el caso de Charco La Pava.

Malas Prácticas:
Gobierno Panameño y AES Panamá en el Caso Charco La Pava

Bartolomé Clavero
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

A finales de enero de este año 2009, el actual Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, rindió una visita a Charco La Pava y otras comunidades indígenas del pueblo Ngöbe en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, Panamá, para evaluar la situación de grave conflicto frente a la construcción de una represa que inundará sus tierras. El Relator sugería en su informe que las obras se suspendieran a fin de crear las condiciones para la consulta con garantías a las comunidades. Otras instancias internacionales han intervenido en el mismo sentido. Entre la empresa constructora -la multinacional AES- y el Gobierno de Panamá han burlado la actuación internacional.

En su respuesta al informe del Relator Especial, el Gobierno panameño pretendía que la consulta ya se había realizado, mediante las formas constitucionales de participación, y que plantearla con las comunidades indígenas afectadas “resultaría discriminatorio frente al resto de la ciudadanía, carente de equidad (y) violatorio del ordenamiento jurídico vigente”. Con todo esto, comunicaba el Gobierno, “acceder la solicitud de suspensión resulta improcedente”. Panamá no ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes que obliga a tal consulta específica, pero es parte del sistema interamericano de derechos humanos cuya jurisprudencia ha sentado que la obligación existe en todo caso, pues se deriva del derecho indígena a la tierra, y es también mimebro de Naciones Unidas cuya Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas requiere el consentimiento libre, previo e informado de parte indígena. Las comunidades afectadas por las obras de AES no habían sido ni siquiera consultadas.

El Gobierno también pretendía, en su misma respuesta al Relator Especial, que las comunidades estaban siendo consultadas por la empresa y que en la mayoría de ellas se había llegado a “acuerdos voluntarios y bilaterales”, con esta redundante adjetivación, para el reasentamiento, con ese sustantivo que disimulase la expropiación y expulsión sin garantías algunas de procedimiento. El dato incluso se cuantificaba: “aquellas personas que han manifestado algún descontento constituyen mucho menos del 30%”; “más del setenta por ciento (74%) de la población total de las áreas impactadas han acordado reasentarse de manera libre, previa e informada”. El Gobierno endosa a la empresa la obligación “de elaborar un plan completo y participativo de reasentamiento”. Sobre este abandono de responsabilidades y con el argumento de que el Estado no tiene el deber de consultar por no haber ratificado el Convenio 169, el Gobierno se proclama representante del “interés público y social” y del “desarrollo nacional” dejando a las comunidades afectadas a merced de la multinacional AES.

A instancias de las comunidades, el caso también ha venido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tras dicho diálogo frustrado entre el Relator Especial y el Gobierno panameño, a mediados del mes de junio, la Comisión otorga medidas cautelares, “hasta tanto los órganos del sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva”. Así, “con el fin de evitar daños irreparables al derecho de propiedad y la seguridad del pueblo indígena Ngöbe asentado en la provincia de Bocas del Toro”, se dispone la suspensión de las obras. He aquí entonces un mandato internacional, ya no sólo una recomendación. De nada vale. El Gobierno de Panamá se reafirma en su posición rechazando las medidas ordenadas por la Comisión Interamericana. El asunto pende por tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Mientras tanto, AES no anda ociosa. No solo acelera las obras acentuando la presión sobre las comunidades, sino que, para vaciar el caso ante la jurisdicción interamericana, busca alguna forma de arreglo sin suspensión de la construcción ni pausa en el acoso. Nadie se ha creído, ni siquiera el Gobierno, que contase con un 74 % ni con tanto por ciento significativo ninguno de apoyo entre indígenas. Ahora, el día 12 de octubre exactamente, AES Panamá anuncia a bombo y platillo que se ha llegado a un arreglo. Presenta un documento fechado el 8 de octubre donde se da fe de unos acuerdos de procedimiento entre “el Estado de Panamá, la empresa AES Changuinola, S.A. y Comunidades de Charco La Pava, Valle del Rey y Changuinola Arriba por medio de sus representantes y dirigentes”. El documento narra negociaciones habidas a varias bandas desde finales de julio con el resultado que se recoge en una última cláusula.

“Las Comunidades, el Estado y la empresa -se nos comunica- han acordado suscribir convenios de compromiso en la (sic) que el Estado, como garante de los derechos humanos de los pueblos indígenas, velará por el cumplimiento y la implementación de los acuerdos definitivos a los que llegue con la empresa y la comunidad en materia de uso de tierras, asistencia y reubicación. Las partes por ese medio ponen a un lado sus diferencias, garantizando la construcción del proyecto de infraestructura que es vital para el desarrollo del país”.

Hay cosas desde luego sorprendentes en este documento, no sólo la de que la única garantía que expresamente se consigna es a favor de la empresa pues se asegura la construcción del proyecto. Las expectativas indígenas quedan ahora indefinidas en una tierra de nadie entre Estado parcial y empresa ventajista. Es ésta la que distribuye el documento. Sorprendente resulta que, pese a lo que se anuncia en el protocolo, nadie lo suscriba por parte del Estado. Y aunque se haya también anunciado que intervienen las comunidades mediante sus representantes y dirigentes, ninguna firma indígena, frente a lo que es costumbre bien arraigada, lleva aclarafirma especificando la condición con la que se actúa. No hay constancia de representación ninguna de parte indígena. La única reconocible es la de una rúbrica “por AES Changuinola”.

La sección de Comunicación y Asuntos Corporativos de AES Panamá no sólo procede, el 12 de octubre para mayor escarnio, a la distribución del documento, sino también a la propagación de informaciones sobre participación oficial que no se confirma por sus firmas, así como a la ilustración con una galería de fotos del acto de la suscripción en la comunidad Charco La Pava. En ellas, la única cara feliz es la del representante de la empresa. Los rostros indígenas reflejan recelo y tristeza. En las fotos la única representación reconocible es también tan sólo, por el logo de la gorra, la empresarial.

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Nasos son aprehendidos por defender sus derechos territoriales

Publicado el Octubre 3, 2009 por Editor

Indígenas Naso son aprehendidos por defender sus derechos territoriales

Burica Press, Pueblos Indígenas

La Policía Nacional de Panamá ha desalojado una vez más a los Nasos de la Plaza de la Independencia. A las 2 de la mañana del sábado 3 de octubre, ocho indígenas Naso y dos indígenas Ngäbe fueron detenidos y acusados de desacato. La detención y el desalojo se producen después de una tarde de tensión. La autoridad ha esperado a que los medios de comunicación se retiraran de la Plaza Catedral para efectuar el desalojo mientras los resistentes trataban de descansar encadenados a los bancos. En el operativo han participado unas 40 unidades de la Policía Nacional.

Los ciudadanos detenidos en el Parque de la Catedral son los siguientes: Edgardo Salina, Johny Lorenzo, Elvin Quintero, Lucho Antonio Gamarra, Remigio Sánchez, Eliseo Vargas, Alvaro Villagra, Damian Jiménez, Sergio Pineda Montezuma, Francisco Valdez.

La Policía detuvo, incluso a varios resistentes que no estaban en el Gacebo de la Plaza, ni estaban encadenados, contradiciendo sus propias palabras en la tarde y noche anteriuor cuando aseguraron que todos podían moverse con libertad por la Plaza.

Los agentes rasgaron las pancartas y elementos de protesta y detuvieron a los Naso, incluidos los dirigentes Eliseo Vargas y Lucho Gamarra, y a dos indígenas Ngäbe que se habían incorporado en solidaridad desde la caminata de la Movilización Nacional Indígena, Campesina y Popular. La Policía se negó a informar de la estación a donde dirigían a los detenidos.

Grupos de la sociedad civil que apoyan la causa Naso han realizado un llamado a todos los ciudadanos solidarios a unirse este sábado a la toma del Gacebo de la Plaza Catedral en el que tratarán de sustituir a los Naso detenidos y reprimidos por el Gobierno de Panamá.

Los Nasos reclaman al Estado Panameño, desde hace más de 30 años la creación de la Comarca Naso Tjer Di o Comarca Naso Teribe. Sus tierras están siendo tituladas a nombres de empresas privadas y concesionadas para proyectos hidroeléctricos. En este momento la empresa colombiana, Empresas Públicas de Medellín se adentra en el interior del territorio Naso para construir el proyecto hidroeléctrico Bonyik.

Cronología del Campamento

Lunes 30/ marzo /2009: Las comunidades Naso de San San y San San Druy, en la Provincia de Bocas del Toro, fueron objeto de una arbitraria orden de lanzamiento emitida por el gobierno de Martín Torrijos, a favor de la empresa Ganadera Bocas, S.A., en donde despojaron a los Naso de sus tierras que por centenares de años han ocupado.

Martes 14/ abril /2009: Un grupo de 32 Nasos se trasladaron hasta la Plaza Catedral, como medida de protesta pacífica para que el Gobierno de Martín Torrijos les diera una pronta respuesta y que se comprometiera a reconocer los derechos territoriales de los Naso y que se diera cese efectivo de las hostilidades contra los Naso. El gobierno ignoró sus peticiones.

Dos campamentos de resistencia se han mantenido luego del desmantelamiento del primer campamento hasta el nuevo desenlace con la cronología abajo descrita.

Lunes 21/ septiembre/ 09. Los nasos recibieron un mensaje del Ministro de Gobierno y Justicia José Raúl Mulino de recibirlos e iniciar una mesa de diálogo con los representantes del pueblo Naso que acampában en la Plaza Catedral. Los emisarios de este mensaje fueron José Isaac Acosta, Director Nacional de Política Indígena (DNPI) del Ministerio de Gobierno y Justicia y Gustavo Pérez, Director de la Policía Nacional.

Martes 22/ septiembre/ 09. Lucho Gamarra uno de los dirigentes del campamento Naso recibió una serie de llamadas de la Señora María Pazz, asistente de José I. Acosta de la DNPI, en donde ella le manifestó que por mandato del Ministro de Gobierno y Justicia, el campamento Naso debía ser desmantelado y desalojado o de lo contrario no habría reunión alguna con los representantes del gobierno.

Miércoles 23/ septiembre/ 09. Aproximadamente a las 10:30 am, llegó a plaza un contingente de 12 unidades de la policía y el Comisionado J. Funuco para notificar a los indígenas de una orden de lanzamiento en contra del campamento Naso emitida por la Corregiduría de San Felipe. Este Comisionado nos manifestó que debemos salir por las buenas, ya ellos no querían utilizar la fuerza. Algunos funcionarios de la Dirección de Política Indígena, entre ellos la funcionaria María Pazz acompañaron a los policías en esta misión.

A las 7:00 pm el Comisionado J. Fanuco regresó para preguntar si los Naso ya habían decidido adonde se mudarían luego de desmontado el campamento. Los Naso indicaron que no y que tampoco habían tenido ningún contacto con oficiales del gobierno.

Jueves 24/septiembre/ 09. A las 9:00 am se apersonó a la Plaza Catedral la Corregidora del Corregimiento de San Felipe, Francisca de Guevara en compañía de más de 25 policías fuertemente armados, entre ellos antimotines quienes por la fuerza, procedieron a hacer efectivo la orden de desalojo en contra del campamento Naso. Ellos mismos tomaron todas nuestras pertenencias y lo subieron a un camión el cual fue conducido a la Cruz Roja de Santa Rita. Los Naso fueron socorridos por el Padre Félix de Lama de la Pastoral Indígena de la Iglesia Católica.

Viernes 25, 26 y 27/septiembre/ 09. Los Naso denuncian al Gobierno Nacional ante los medios de comunicación radial, escrito y televisivo donde lo acusan de atropellos y claros actos violatorios a los derechos humanos y territoriales. Además hicieron una llamado urgente a la sociedad panameña para que solidaran con la causa del pueblo Naso de obtener su Comarca y de devolver las tierras bajo control de una empresa de ganadería de Bocas del Toro. Indicaron que el gobierno pretendía acallar su voz de protesta.

Lunes 28/septiembre/ 09. Los nasos volvieron a protestar frente a la Presidencia de la República de Panamá con pancartas y mostrando que siguen firmes en sus planteamientos y que continuarán la lucha de reivindicación de sus derechos territoriales.

Sábado 2/ Octubre / 09. La Policía Nacional por orden del Gobierno Nacional ha desmantelado y destruido una vez el Campamento Naso de la Plaza de la Independencia. Varios ciudadanos Naso y dos Ngobe fueron detenidos por la fuerzas policiales. Esta acción se realizó a las 2:00 am.

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