Anam reserva partida para el Sendero Los Quetzales

http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2010/01/21/hoy/nacionales/2068823.asp

Se destinó una partida de 420 mil dólares para reconstruir las partes dañadas que son visitadas por los turistas.

BOSQUE. Varias personas se han extraviado en el lugar por falta de una adecuada señalización. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Sandra Rivera1324371

sandra alicia rivera
volcán, chiriquí
nacionales@prensa.com

Pese a que aún no se ha llamado a licitación, la Autoridad Nacional de Ambiente, (Anam) ya tiene contemplado el estudio y la partida de 410 mil dólares para la rehabilitación del Sendero Los Quetzales.

La jefa del Departamento de Manejo de Áreas Protegidas de la Anam, Marisol Dimas Acosta, precisó que los 410 mil dólares serán destinados para los gastos de interpretación, rehabilitación y señalización del sendero.

El sitio sufrió derrumbes e inundaciones en la parte media de su trayecto, y las visitas a sus instalaciones se encuentran restringidas desde el año pasado. “Lo más probable es que se construya un desvío en esa parte”, dijo Dimas Acosta.

Cinco personas fueron reportadas extraviadas el año pasado en el sendero, sitio que recibe una visita anual de cerca de 100 mil personas. Harmodio Cerrud, director de la Anam de Chiriquí dijo que el sendero es una de las mayores atracciones turísticas por lo que hay que conservarlo.

El lugar permite apreciar uno de los parajes más hermosos que tiene la provincia de Chiriquí, con una rica variedad de flora y fauna.

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Panamanian Government Steps Up Dam Construction on Ngöbe Lands

http://www.culturalsurvival.org/news/panama/panamanian-government-steps-dam-construction-ng-be-lands

Date: 01/15/2010

The Ngöbe people living along the Changuinola River in Panama have been facing the destruction of their villages, farms, food supply, access to clean water, and way of life as a result of the government of Panama’s decision to build a hydroelectric dam on their river.  The government contracted with AES-Changuinola, a subsidiary of the Virginia-based energy giant AES Corp., to not only build the dam but also to manage the relocation of the Ngobe people whose homelands will be flooded. Following a series of protests that the government brutally put down, and after exhausting all domestic remedies, in March 2008 Cultural Survival and Panamanian partners filed a petition on the Ngöbe’s behalf in the Inter-American Commission on Human Rights. This past summer, the Inter-American Commission demanded that Panama cease all work on the dam until the matter was resolved.

Instead, the government stepped up construction. Both the previous government and the new Martinelli government informed the commission that they had no intention of halting construction, and indeed each time the commission calls for an update or holds a hearing, AES-Changuinola steps up the construction pace. All of the Ngöbe are adamant that construction must stop until the case is resolved, but their demands are ignored.

In a new tactic, the government is now hand picking individual Ngöbe to transport to Panama City to discuss a settlement. In an initial accord signed by eight individuals from three affected communities, two of which have already been virtually destroyed by dam construction, neither the government nor the company offered any compensation for more than three years of trespass, suffering, and abuse. They did offer relocation, but without any timeline, to remote hillside terrain that is prone to landslides and offers poor opportunities for establishing new farms.

Another group of Ngöbe has begun conversations with the government and AES-Changuinola in Panama City. This time, Cultural Survival hired a skilled Panamanian lawyer with experience in international human rights law to represent the Ngöbe participants. But even in setting up these meetings, the government violated the Ngöbe peoples’ human rights. Both the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and the Inter-American Court of Human Rights require that negotiations take place in Indigenous communities, and in the local Indigenous language, so that all community members can participate.

The government and AES-Changuinola’s insistence on negotiations now appear to be a cynical attempt to complete dam construction before they are blocked by international interference. It is no accident that the talks are occurring on the eve of Panama’s dry season, when sculpting the rest of the dam’s lakebed is easiest from a construction point of view. That the earlier accord reached with a handful of individuals was conducted in the capital in complete secrecy, that they were signed by them without any enforceable commitment to protect the way or life or well-being of the Ngöbe communities they claim to speak for, and that they did not include any offer those communities compensation for the harm and suffering they already experienced, suggests the nefariousness of the government’s and the company’s intentions in achieving their hydroelectric power goals unfettered by their obligations to Panama’s Indigenous citizens.

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La sentencia de muerte del Parque Volcán Barú

http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2010/01/03/hoy/nacionales/2049044.asp

Una resolución de la Anam permitirá a un inversionista construir un hotel en áreas del parque.

DISPUTA. Este es el área de Paso Ancho en el Parque Nacional Volcán Barú, sitio exacto que pelea el empresario Enrique Morales para construir su hotel turístico. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Boris Gómez1316097

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boris gómez
cerro punta, chiriquí
nacionales@prensa.com

La creación de la resolución AG-0911-2009 de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), que modifica la zonificación del Parque Nacional Volcán Barú (Pnvb), abrió una caja de Pandora y ha provocado una tormenta de denuncias contra la institución que debe proteger la ecología en el país.

Mientras que los ambientalistas chiricanos aseguran que la resolución no es más que una sentencia de muerte al Parque Nacional Volcán Barú, el empresario Enrique Luis Morales, representante legal de la empresa Stash Investment Inc., y supuesto beneficiado con el cambio de zonificación, aseguró que fue víctima de extorsión por funcionarios de la Anam, a los que no identificó.

“Hubo incongruencias en la zonificación que mantenían nuestros terrenos en una zona de recuperación y nosotros pedimos la rectificación, pero ellos estaban interesados en que les diéramos dinero y no aceptamos esa presión”, dijo Morales.

Por su parte, al referirse al tema en otro medio de comunicación, el administrador general de la Anam, Javier Arias, negó que la resolución sea para favorecer a una empresa en particular.

Esta resolución, aprobada el 30 de octubre pasado, modifica la zonificación del Pnvb y, según los grupos ambientalistas, deja desprotegidas, de un plumazo, alrededor de 800 hectáreas de bosques en recuperación y se ha hecho para beneficiar a Morales, sin tomar en cuenta el daño que viene como secuela de la decisión.

Si se cambia el estatus de los territorios de Morales, entonces cualquier empresario puede habilitar sus territorios para acciones económicas y eso incluye 800 hectáreas que están hoy dentro de la zonas de protección absoluta o de recuperación y pasarán a la categoría de uso extensivo, explicó Damaris Sánchez de la Alianza para el Desarrollo Ambiental de las Tierras Altas (Adata).

Daños al parque

“Es una acción temeraria el cambiar las zonas del parque. Los ríos más importantes de la provincia nacen allí y el avance de proyectos hacia los únicos bosques vírgenes que nos quedan es ponernos la soga al cuello”, aseguró el ambientalista y biólogo Demetrio Miranda.

El daño se extenderá a bosques vitales para los principales ríos del occidente del país cuando empresas privadas sepan que pueden explotar de diversas maneras los territorios del parque, dijo Sánchez.

Las zonas del parque

El plan de manejo del Pnvb fue aprobado en el año 2004. Los estudios se hicieron al iniciar la década.

En este plan se delimitan 6 subzonas que son: de protección absoluta; subzona de recuperación; de uso extensivo; subzona de uso intensivo y dos subzonas especiales.

Las zonas especiales dentro del plan de manejo son la del camino ecoturístico Cerro Punta, Boquete y la zona de amortiguamiento que incluye un cinturón de 10 kilómetros de ancho a partir de los límites del Pnvb y en el que hay varios asentamientos humanos.

En el plan de manejo del parque se explica que las subzonas de protección absoluta están prohibidas las edificaciones. Ambas, según los ambientalistas, abarcan alrededor del 80% del parque que tiene una extensión de 14 mil 322 hectáreas.

En la subzona de uso intensivo, afectada en alguna medida por la mano del hombre, se permitirá la ubicación de áreas de acampar, miradores, senderos y caminos de acceso peatonal.

La zona de uso extensivo ha sufrido un alto grado de alteración humana y en ella se permite la agricultura, ganadería y proyectos de desarrollo.

La historia de Morales

Morales adquirió más de 160 hectáreas a principios de le década. Fue promotor de actividades de mejoras al ambiente y de control de incendios forestales.

Planificaba un desarrollo ecoturístico en la región y al aprobarse el plan de manejo del parque en el año 2004 sus territorios quedaron dentro de la zona de recuperación.

“Acudimos a funcionarios de alto nivel que vieron el error en la zonificación, pero no quisieron hacer la rectificación, pues no quisimos aceptar presiones económicas. Con el nuevo gobierno, vieron la injusticia que se hizo y se ha rectificado el error”, aseguró Morales.

Morales dijo que el plan de manejo se mantiene y que los ambientalistas que están cuestionando la rectificación nunca han combatido desastres naturales. Aseguró que el proyecto ecoturístico de su empresa Stash Investment, Inc. solo va a realizarse con el apoyo constante de la nueva Anam.

“Estas zonas no pueden ser usadas para residencias, sino para hotelería y senderismo, donde se puedan demostrar a estas nuevas generaciones de panameños los recursos naturales que nos quedan y debemos proteger”, dijo Morales.

Por su parte, el director regional de la Anam, Harmodio Cerrud, dijo que el tema se discute en la Dirección de Áreas Protegidas de la sede central de la institución en ciudad de Panamá.

“Solo podemos decir que la resolución cumple con el plan de manejo del Parque Nacional Volcán Barú”, sostuvo Cerrud.

El río que no existe

David Samudio, de Adata, confirmó que en el mapa de zonificación, en efecto, hubo errores, pero de nomenclatura y no de posicionamiento.

Explicó Samudio que en el informe se registra un río llamado Aguacate, pero en la realidad lo que hay es un cerro Aguacate.

Esta definición se ha prestado, desde hace ya varios años, por propietarios de terrenos, para intentar cambiar los límites de las subzonas marcadas en el mapa número siete. “Nos hemos opuesto los grupos ambientalistas a este cambio”, agregó.

De hecho, el Departamento Nacional de Áreas Protegidas de la Anam y las organizaciones ambientalistas ya habían frenado alguna modificación al mapa de las subzonas.

Mañana, lunes 4 de enero, los organismos ambientales inician acciones contra la resolución de la Anam.

“Nuestra primera tarea es la de demostrar que la resolución es una sentencia de muerte”, añadió Cerrud.

Los grupos ecologistas entregarán formalmente a la Anam la solicitud de reconsideración y no descartan presentar ante la Corte Suprema de Justicia un recurso legal contra la resolución, dijo David Samudio, también de Adata.

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