El dilema de los nasos

http://www.laestrella.com.pa/mensual/2009/06/25/contenido/115181.asp

PROYECTO BONYIC

06-25-2009 | RICHARD M. KOSTER

periodistas@laestrella.com.pa

La hidroeléctrica que divide en tres a un pueblo indígena

Provincia PANAMÁ. La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) podría entregar esta semana la primera concesión para un proyecto hidroeléctrico en un área protegida.

Se trata de la construcción de una represa en el Bosque Protegido de Palo Seco por la empresa Hidroecológico del Teribe, S.A. (HET), cuyas acciones son en su mayoría propiedad de Empresas Públicas de Medellín, una sociedad colombiana.

El área protegida, creada en 1983, limita y protege al Parque Internacional la Amistad (PILA), que por su importancia biológica ha sido declarado Sitio del Patrimonio Mundial por la UNESCO.

La concesión, que hace dos años y medio espera HET, es para administración y servicios dentro de unas 1,200 hectáreas de selva virgen en la provincia de Bocas del Toro. Así lo explicó el licenciado Harley Mitchell Morán, jefe de asesoría legal de la ANAM. Además permite la construcción de una represa en el río Bonyic, confluencia del río Teribe, y responsabiliza a HET por daños a la ecología.

“No he visto ningún documento, pero no puedo decir que no”, dijo Mitchell Morán sobre la entrega de la concesión antes de que termine el gobierno del presidente Martín Torrijos. “La compañía ha cumplido con todos los requisitos”, añadió.

Según una fuente de ANAM, HET han “intensificado su cabildeo últimamente”. Si no se entrega la concesión antes del primero de julio, “pasarán meses” mientras que el nuevo equipo de ANAM se nombra, se confirma, y se familiariza con los detalles del proyecto.

LA POLÉMICA

El proyecto es controversial. Traerá importantes aportes económicos a la región y al país, además de energía renovable y limpia, pero podría dañar el medio ambiente e infringir los derechos del pueblo indígena Naso, pues utiliza sus territorios tradicionales.

Según la fuente mencionada, el gobierno de Torrijos no quiso entregar la concesión durante la campaña electoral por no perjudicar a candidatos de los partidos oficiales. Por eso, el proyecto podrá ser una bomba de tiempo para el gobierno Martinelli, así que tanto en la compañía como quienes están a favor del proyecto en la ANAM quieren aprovechar el interín.

Según la Asociación ANAI, un organismo no-gubernamental costarricense interesado en el medio ambiente, el principal daño ecológico que el proyecto en su forma actual podría causar es destruir la fauna de peces y camarones que se reproducen en el área costera y suben los ríos como larvas.

La especie más conocida es la bocachica, una especie de pez comestible que es importante en la dieta de toda la población el la región del río Teribe. El estudio del impacto ambiental preparado por HET no contempla ningún mecanismo para preservar estas especies. Vale decir que desaparecerán no solamente del área Naso sino del Parque La Amistad, también.

Por este y otros daños, el proyecto ha perturbado al pueblo Naso. Peor aún, la injerencia por parte del gobierno nacional y de HET ha provocado divisiones que podrían terminar en violencia.

LOS NASOS

La población Naso cuenta con alrededor de 3,800 habitantes, distribuidos en 11 comunidades a lo largo de los ríos Teribe, Bonyic y sus afluentes. Su organización política está constituida por un monarca elegido de la familia real Santana, apoyado por un Consejo General de Dirigentes compuesto por 12 representantes del “rey” (uno de cada comunidad y uno del área bananera) junto a 11 regidores elegidos por sus comunidades respectivas. La institución más alta es una Asamblea del Pueblo, integrada por todos los nasos de 16 años para arriba. Ese organismo elige a los reyes y se reúne en momentos de crisis para tomar decisiones.

El problema esencial de los nasos como pueblo es que no gozan de una comarca propia. El gobierno de Torrijos ha resistido crear una, sin dar razones coherentes. Al presentarse el proyecto hidroeléctrico, sectores del pueblo tuvieron la idea de usarlo como punto de negociación.

UNA TRIBU Y DOS REYES

Los nasos aprobarían el proyecto a cambio de que el gobierno les crease una comarca. Pero la administración Torrijos encontró más fácil hacer un arreglo a parte con el “rey” Tito Santana.

En reacción, un grupo de nasos derogó al “rey” Tito y eligieron a un tal Valentín, como su nuevo monarca. Mientras que el gobierno de Torrijos organizaba una supuesta elección, pero su protegido el “rey” Tito, era el único candidato.

El resultado de estos acontecimientos es que el pueblo Naso se encuentra dividido. Un tercio a favor del proyecto y dos tercios en contra. Según Susana Serracín de la asesoría legal al pueblo Naso, la entrega de la concesión podrá tener efectos violentos.

“La gente de la empresa ha dicho a los moradores locales en el Teribe que, al recibir la concesión, van a entrar con todo, y que los que se oponen tienen que dejar pasar la maquinaria porque van a hacerlo de todos modos. Lo más probable es que va a haber cierto nivel de resistencia de parte de la población local, y ante esa situación hay peligro de enfrentamientos. Puede ser entre los lugareños y la empresa o entre los que están a favor y los que están en contra del proyecto”.

El señor José Mcrae, vicepresidente administrativo de HET, no quiso comentar sobre un acontecimiento que no ha ocurrido aún, pero prometió a La Estrella contestar a fondo en una fecha futura.

Por nuestra parte, La Estrella espera detallar el trasfondo del proyecto hidroeléctrico y otros aspectos del predicamento de los nasos en artículos futuros.

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Panama’s Ngobe Indians Win Temporary Halt to Dam Construction

http://www.ens-newswire.com/ens/jun2009/2009-06-22-01.asp

Panama’s Ngobe Indians Win Temporary Halt to Dam Construction

WASHINGTON, DC, June 22, 2009 (ENS) – The Inter-American Commission on Human Rights has ordered the government of Panama to suspend all work on a hydroelectric dam that threatens the homeland of the Ngobe Indians of western Panama.

In a ruling Thursday, the commission granted the Ngobe’s request for an injuction that stops construction of the dam to prevent any further threat to the community and the environment while the commission deliberates on the merits of the case.

The Chan-75 Dam is being built across the Changuinola River in the heavily forested and sparsely populated province of Bocas del Toro by the government of Panama and a subsidiary of the Virginia-based energy giant AES Corporation.

The Panamanian Police oversee a community meeting. April 2005. (Photo by Jason Jacques Paiement courtesy Exploring La Amistad Biosphere Reserve)

In addition to Chan-75, for which land clearing, roadwork, and river dredging are underway, the order covers two other proposed dam sites upstream.

The commission’s ruling results from a petition filed last year by the Ngobe, after AES-Changuinola began bulldozing houses and farming plots. When the Ng�be protested the destruction of their homes, the government sent in riot police who beat and arrested villagers, including women and children, and then set up a permanent cordon around the community to prevent anyone from entering the area.

“We are thrilled to have the commission take these measures to protect Ngobe communities,” said Ellen Lutz, executive director of the nonprofit Cultural Survival and lead counsel for the Ngobe. “We are hopeful that this will help the government of Panama and AES recognize their obligation to respect Ngobe rights.”

The government must adopt necessary measures to guarantee the Ngobe people’s basic human rights, including their rights to life, physical security, and freedom of movement, and to prevent violence or intimidation against them, ordered the commission, which is a body of the Organization of American States.

In the order signed by the commission’s Exective Secretary Santiago Canton, the government of Panama is ordered to report back to the commission in 20 days on the steps it has taken to comply with the injunction, called precautionary measures, and to update this information periodically.

The Chan-75 Dam would inundate four Ngobe villages that are home to about 1,000 people. Another 4,000 Ngobe living in neighboring villages would be affected by the destruction of their transportation routes, flooding of their agricultural plots, lack of their access to their farmlands, and reduction or elimination of fish that are an important protein source in their diet.

The dam would also open up their territories to non-Ng�be settlers, warns Lutz, who says the Ngobe have already endured “two years of brutal government repression and destruction of their homeland” to make way for the dam.

A protest against AES on the Rio Changuinola (Photo by Dawn Jones courtesy Exploring La Amistad Biosphere Reserve)

The dam also would cause “grave environmental harm” to the La Amistad Biosphere Reserve, a UNESCO World Heritage Site upriver from the dam site, Lutz warns.

La Amistad International Peace Park, managed jointly by Panama and Costa Rica, is a major water source for the San San Pond Sak Wetland Reserve, a designated Wetland of International Importance under the Ramsar Convention. It includes coastal lagoons, mangroves, channels, wetlands, beaches and marine coastal environments, as well as the Changuinola River.

Many species of fish which require saltwater at some stage of their lives migrate into and out of the reserve. These species support wildlife in the La Amistad Reserve, including several endangered species, but scientists believe there is a high risk of losing these fishes because the dam will destroy their migration route.

“The Panamanian government must follow the precautionary measures issued by the Inter-American Commission on Human Rights and prevent further human rights violations and environmental damage,” said Jacki Lopez, staff attorney for the nonprofit Center for Biological Diversity, which submitted a brief to the commission in support of the Ngobe.

This Ngobe village would be flooded if the Chan-75 dam is built. (Photo by Linda Barrera courtesy Exploring La Amistad Biosphere Reserve)

AES-Changuinola S.A. is part of the Latin American operations of AES Corporation, one of the world�s largest global energy businesses. AES Panama is currently the country�s largest energy generator and the largest private hydroelectric generator in Central America.

AES-Changuinola claims on its website that “building of a productive relationship based on concerted agreements” with the Nogbe indigenous populations residing adjacent to the project.

“They have historically lived under poverty conditions within an area without access roads and communication, where there was a scarce presence of the state as well as limited coverage of public services,” says AES-Changuinola. “Therefore, area residents were practically invisible to authorities and society in general. This reality has significantly changed after our project came to the place, making their existence visible and creating a new dynamics in the area.”

The company claims, “From the beginning of the project’s development AES has fully observed all laws of the Republic of Panama, in strict adherence of respect for the integrity and human rights of persons who currently reside in areas surrounding the project.”

But this assertion on the company’s part is disputed by a report issued by the UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights and Fundamental Freedoms of Indigenous People, James Anaya, on May 12, 2009.

Anaya concluded that the government of Panama had ignored its obligation under international law to consult with the communities and seek their free, prior, and informed consent before moving ahead with the construction project.

He urged AES-Changuinola to meet international standards for corporate social responsibility and not contribute, even indirectly, to violations of human rights.

Copyright Environment News Service (ENS) 2009. All rights reserved.

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Panama’s Ngöbe Indians Win Major Victory at Inter-American Commission on Human Rights

http://www.culturalsurvival.org/ourpublications/news/article/panama-s-ng-be-indians-win-major-victory-inter-american-commission-huma

Washington, D.C.—After two years of brutal government repression and destruction of their homeland, the Ngöbe Indians of western Panama won a major victory yesterday as the Inter-American Commission on Human Rights called on Panama to suspend all work on a hydroelectric dam that threatens the Ngöbe homeland. The Chan-75 Dam is being built across the Changuinola River by the government of Panama and a subsidiary of the Virginia-based energy giant AES Corporation. The Commission’s decision was the result of a petition filed last year by the Ngöbe, after AES-Changuinola began bulldozing houses and farming plots. When the Ngöbe protested the destruction of their homes, the government sent in riot police who beat and arrested villagers, including women and children, and then set up a permanent cordon around the community to prevent anyone from entering the area. In addition to threatening the community, the dam will irreversibly harm the nearby La Amistad UN Biosphere Reserve.

“We are thrilled to have the Commission take these measures to protect Ngöbe communities,” said Ellen Lutz, executive director of Cultural Survival and lead counsel for the Ngöbe. “We are hopeful that this will help the government of Panama and AES recognize their obligation to respect Ngöbe rights.”

The Commission, which is a body of the Organization of American States, is still considering the Ngöbe’s petition and issued this injunction, called precautionary measures, to prevent any further threat to the community and the environment while the Commission deliberates on the merits of the case.

Specifically, the Commission called on the government to suspend all construction and other activities related to its concession to AES-Changuinola to build and administer the Chan-75 Dam and abutting nationally protected lands along the Changuinola River.

In addition to Chan-75, for which land clearing, roadwork, and river dredging are already well underway, the order covers two other proposed dam sites upstream. The Commission further called upon the government of Panama to guarantee the Ngöbe people’s basic human rights, including their rights to life, physical security, and freedom of movement, and to prevent violence or intimidation against them, which have typified the construction process over the past two years. The Commission required the government to report back to it in 20 days on the steps it has taken to comply with the precautionary measures.

Chan-75 would inundate four Ngöbe villages that are home to approximately 1,000. Another 4,000 Ngöbe living in neighboring villages would be affected by the destruction of their transportation routes, flooding of their agricultural plots, lack of their access to their farmlands, and reduction or elimination of fish that are an important protein source in their diet. It would also open up their territories to non-Ngöbe settlers.

The dam also will cause grave environmental harm to the UNESCO-protected La Amistad Biosphere Reserve, an international World Heritage Site that upriver from the dam site. Scientists believe that there is a high risk of losing important fish species that support the reserve’s wildlife, including several endangered species, because the dam will destroy their migration route.

“The Panamanian government must follow the precautionary measures issued by the Inter-American Commission on Human Rights and prevent further human rights violations and environmental damage” said Jacki Lopez, staff attorney for the Center for Biological Diversity, an organization that submitted an amicus curiae to the Inter-American Commission on Human Rights in support of the Ngöbe.

The Ngöbe people’s situation was the subject of a report by the UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights and Fundamental Freedoms of Indigenous People, James Anaya, on May 12, 2009. Anaya concluded that the government ignored its obligation under international law to consult with the communities and seek their free, prior, and informed consent before moving ahead with the construction project. He urged AES-Changuinola to meet international standards for corporate social responsibility and not contribute, even indirectly, to violations of human rights.

Partner Organizations:
Center for Biological Diversity (www.biologicaldiversity.org)
International Rivers (www.internationalrivers.org)
La Alianza para la Conservacion y Desarrollo (www.acdpanama.org)
Global Response (www.globalresponse.org)

For more information contact Ellen Lutz, Cultural Survival (617) 441-5400, ext.16, elutz@cs.org

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NGABE COMMUNITIES AFFECTED BY THE CHAN 75 PROJECT

http://www.indigenousportal.com/Self-Determination/NGABE-COMMUNITIES-AFFECTED-BY-THE-CHAN-75-PROJECT.html

NGABE COMMUNITIES AFFECTED BY THE CHAN 75 PROJECT

Monday, 22 June 2009

PRESS RELEASE NGABE COMMUNITIES AFFECTED BY THE CHAN 75 PROJECT We the Ngabe people from the communities affected by the CHAN 75 Project, make a call of attention to the government of Panama, to execute the precautionary measure adopted on June 17, 2009 by the Interamerican Court of Human Rights which consists of “suspending the construction and other activities related to the concession given tothe company AES Changuinola throughout the Changuinola River, until the organs of the Interamerican System of Human Rights adopt a definite on the current subject”. The Commission also requests the State Party “to adopt the necessary measures to guarantee the free movement , life and personal integrity of the members of the Ngabe community with the purpose to avoid actions of violence or additional intimidatory”. We request to the government of Panama to protect the rights of all the peoples affected by this project, we repeat that we the Ngabe people have occupied this area since ancient times; and at the same time we convey that we are not against the development of politics of the state of Panama, but the rights of the indigenous people affected must be guaranteed since we live in this country characterized for being a state of rights and in this project, the state has abandoned us to favor a transnational company. Both the United Nations Special Rapporteur on Indigenous Peoples Rights, James Anaya in his recent visit, and the Interamerican Commission on Human Rights have pointed out the need to adopt measures to protect our rights in this case of the hydroelectric project CHAN 75, which has affected our human rights and is a threat against the environment. The Ngabe families will fight and defend with our lives so that our country- Panama- can execute this precautionary measure immediately. We call upon all our Ngabe brothers and sisters wherever they may be to be alert and ready for both this project and others which intend to threat our natural resources and urge the state to execute this measure. In the event of not following this measure, we would be forced to call upon all the organized social organizations across the country to accompany us in this fight. For our lives and land we are willing to give our blood if needed, because ithout land or rivers, we are nothing. Given in Changuinola, on the 19th June 2009

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IACHR Precautionary Measures – CIDH Medidas Cautelares

http://www.cidh.org/medidas/2009.eng.htm

PM 56/08—Ngöbe Indigenous Communities et al., Panama

On June 18, 2009, the IACHR granted precautionary measures for members of the indigenous communities of the Ngöbe people, who live along the Changuinola River in the province of Bocas del Toro, Panama. The request for precautionary measures alleges that in May 2007, a 20-year concession was approved for a company to build hydroelectric dams along the Teribe-Changuinola River, in a 6,215-hectare area within the Palo Seco protected forest. It adds that one of the dams authorized to be built is the Chan-75, which has been under construction since January 2008 and which would flood the area in which four Ngöbe indigenous communities have been established—Charco la Pava, Valle del Rey, Guayabal, and Changuinola Arriba—with a population of approximately 1,000 people. Another 4,000 Ngöbe people would also be affected by the construction of the dam. They allege that the lands affected by the dam are part of their ancestral territory and are used to carry out their traditional hunting and fishing activities. The Inter-American Commission believed that precautionary measures should be granted to avoid irreparable harm to the right to property and security of the Ngöbe indigenous people in the province of Bocas del Toro. The IACHR requested that the State of Panama suspend construction and other activities related to the concession until the bodies of the inter-American human rights system can adopt a final decision on the matter raised in Petition 286/08, which alleges violations of the rights protected under Articles 5, 7, 8, 13, 19, 21, 23, and 25 of the American Convention on Human Rights. The IACHR also asked the State of Panama to adopt the measures necessary to guarantee the free circulation as well as the life and physical integrity of the members of the Ngöbe community, in order to prevent acts of violence or intimidation measures.

MC 56/08 – Comunidades Indígenas Ngöbe y otras, Panamá

El 18 de junio de 2009 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los miembros de las comunidades indígenas del pueblo Ngöbe, asentadas a lo largo del Río Changuinola en la provincia de Bocas del Toro, Panamá. En la solicitud de medidas cautelares se alega que en mayo de 2007 se aprobó una concesión por 20 años en un área de 6.215 hectáreas dentro del bosque protegido Palo Seco a favor de una empresa para la construcción de represas hidroeléctricas en el curso del río Teribe-Changuinola. Añade que una de las represas autorizadas para construir es Chan-75, en construcción desde enero de 2008, y que inundaría el lugar donde se encuentran establecidas cuatro comunidades indígenas Ngöbes: Charco la Pava, Valle del Rey, Guayabal y Changuinola Arriba, con una población aproximada de 1.000 personas, y que otros 4.000 indígenas Ngöbes se verían asimismo afectados por su construcción. Alegan que las tierras afectadas por la represa forman parte de su territorio ancestral, utilizado para ejercer sus actividades tradicionales de caza y pesca. La Comisión Interamericana consideró que correspondía otorgar medidas cautelares con el fin de evitar daños irreparables al derecho de propiedad y la seguridad del pueblo indígena Ngöbe asentado en la provincia de Bocas del Toro. La CIDH solicitó al Estado de Panamá suspender las obras de construcción y demás actividades relacionadas con la concesión hasta tanto los órganos del sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva sobre el asunto planteado en la Petición 286/08, en la cual se alega presuntas violaciones a los derechos consagrados en los artículos 5, 7, 8, 13, 19, 21, 23 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, la CIDH solicitó al Estado de Panamá adoptar las medidas necesarias para garantizar la libre circulación y la vida e integridad personal de los  miembros de la comunidad Ngöbe con el fin de evitar actos de violencia o medidas intimidatorias.

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Ambientalistas advierten fallos en la reforestación

http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2009/06/08/hoy/nacionales/1812850.asp

Anam defiende programas

En los últimos 17 años se han deforestado alrededor de 440 mil hectáreas, según las cifras de Anam.

ACTUALIDAD. Para los ‘verdes’ la mano del hombre ha influido negativamente en el ambiente.ESPECIAL PARA LA PRENSA/Boris Gómez1214438

Boris Gómez
DAVID, CHIRIQUÍ.
nacionales@prensa.com

Hace 68 años, David Theodore Sasse, un estadounidense que se radicó en el distrito de Boquete, sobrevoló las montañas chiricanas y en sus fotografías aéreas captó la espesura de los bosques en el occidente del país.

Su nieto, Raúl Montenegro Sasse, conserva las imágenes que demuestran que los árboles cubrían la inmensa mayoría de la superficie montañosa, a pesar de que las películas que usó eran en blanco y negro.

Montenegro y otros ambientalistas analizaron el último informe de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) de cobertura boscosa del país, el cual señala que la deforestación ha bajado su ritmo en la última década.

“Aquí hay un manejo de cifras que no me convence”, señaló Montenegro.

El último informe de cobertura boscosa revelado por la Anam, al inicio de mayo de 2009, señala que en el período 2000-2008 la deforestación producida tuvo un promedio de 12 mil 166 hectáreas por año.

Esa cifra es mucho menor al promedio anual de 41 mil 321 hectáreas que fueron afectadas por la mano del hombre en el periodo de 1992 a 1999.

Montenegro señaló que para nada es elogiable decir que la deforestación disminuye cuando cada año son afectadas por las actividades humanas más de 12 mil hectáreas.

“Solo el Parque Nacional Volcán Barú tiene 14 mil hectáreas, imagínense que estamos deforestando una superficie tan grande cada año”, explicó.

Si sumamos la totalidad anual de afectación de bosques, entonces en la década que va de 2000 a 2008 se deforestaron 109 mil 494 hectáreas en total. De 1992 a 1999 la suma del promedio sería de 330 mil 568 hectáreas.

La suma de ambas décadas nos da un total de 440 mil 62 hectáreas, o lo que es igual a 4 mil 400 kilómetros cuadrados, es decir, un 5.8% del territorio nacional, que alcanza los 75 mil kilómetros cuadrados.

Fallan los programas

Damaris Sánchez, de la Asociación de Amigos del Parque Internacional La Amistad (Amipila), señala que hay fallos en los proyectos de reforestación en los que se está invirtiendo mucho dinero del Estado.

Sánchez señaló que en el Parque Nacional Volcán Barú (PNVB) se está desarrollando un programa de reforestación de 30 hectáreas con fondos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que es un requisito ambiental para los trabajos de ampliación, pero que no hay certeza de que sea exitoso.

Es que se seleccionó para sembrar árboles en la zona de Los Llanos de Volcán, área que cada año es afectada por los incendios de pastizales, arbustos y árboles, explicó la ambientalista.

“No tenemos la certeza de que esa inversión vaya a ser exitosa y que la zona sembrada de plantones esté bien vigilada en la próxima estación seca”, dijo Sánchez.

Explicó que la deforestación viene disminuyendo en parte porque las grandes extensiones tomadas para la agricultura y la ganadería fueron trabajadas en los años setenta y ochenta.

“Ha surgido un nuevo problema y es la proliferación de hidroeléctricas que para instalarse y construir caminos devastan áreas sensitivas de los ríos”, declaró Sánchez.

Programas

Nicomedes Jiménez, director de Áreas Protegidas de la Anam en Chiriquí, asegura que los programas de reforestación están cumpliendo con los objetivos.

En 2008 se superó con creces la meta de sembrar 4 millones de plantones en distintas partes del territorio nacional.

Añadió que las áreas protegidas representaban un 30% del territorio nacional, mientras que para el año 2009 aumentó a un 38% de la superficie total del istmo.

Pero los ambientalistas ponen en duda el que declarar más áreas protegidas sea la solución si no hay personal para vigilar el cumplimiento de la protección a los bosques.

Jiménez señaló que el PNVB solo cuenta con 4 guardaparques, mientras que el Parque Internacional La Amistad (Pila) solo con 10 para vigilar 207 mil hectáreas.

Eso implica que un guardaparque del Pila tiene que vigilar más de 20 mil hectáreas en promedio.

“Anam no cuenta con un personal de campo suficiente para la prudente vigilancia de las zonas protegidas”, declaró Raúl Montenegro.

Por su parte, Líder Sucre, de la Asociación para la Conservación de la Naturaleza (Ancon) aseguró que el debate por la reforestación ha sido muy pobre.

“Estamos observando que hay una recuperación de la cobertura boscosa del país, principalmente en lugares donde el suelo estaba muy agotado y tanto la ganadería y la agricultura eran poco viables”, indicó.

Una hectárea de bosques primario puede tener más de 200 especies de árboles por hectárea y no es fácil recuperarlos, indicó Sucre.

“La herencia ecológica de las futuras generaciones está en esos bosques y solo queda menos de un 15% de la superficie del país”, dijo.

Damaris Sánchez señaló que en cuanto a recuperación boscosa en Panamá hay que establecer nuevas metas: No solo hablar de cantidad de hectáreas recuperadas sino de la calidad de las mismas.

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